La sentencia reconoce que existió una relación laboral encubierta durante más de ocho años. El fallo reabre el debate sobre el uso de contratos de locación de servicios y la obligación de las instituciones deportivas de garantizar los derechos laborales de sus trabajadores.

El Poder Judicial emitió un fallo adverso para Alianza Lima en el proceso judicial iniciado por el entrenador Guillermo “Chicho” Salas, quien demandó al club por la desnaturalización de sus contratos de locación de servicios. La sentencia, notificada en los últimos días, declaró fundada en parte la demanda y concluyó que el exfutbolista y técnico debió ser reconocido como trabajador bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada desde enero de 2015 hasta julio de 2023.

De acuerdo con la resolución, durante ese periodo existió una relación laboral a plazo indeterminado, pese a que el club lo contrató bajo la modalidad de prestación de servicios independientes. En consecuencia, la justicia ordenó el reconocimiento y pago de diversos beneficios laborales que no le fueron otorgados durante más de ocho años de vínculo con la institución blanquiazul.

La sentencia dispone que Alianza Lima pague a Guillermo Salas la suma de S/ 973,875.45 y US$ 5,048.90 por concepto de beneficios sociales, incluyendo gratificaciones, vacaciones, indemnización vacacional, vacaciones truncas y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Asimismo, el club deberá abonar S/ 506,017.40 por indemnización por despido arbitrario y S/ 10,000 por daño moral, al haberse acreditado perjuicios derivados de la relación laboral no reconocida.

En total, la obligación económica supera los S/ 1.49 millones, además de los US$ 5,048.90 establecidos en la resolución judicial. El caso se convierte en uno de los precedentes más relevantes en el ámbito deportivo peruano respecto al reconocimiento de derechos laborales de trabajadores vinculados a clubes profesionales mediante contratos de locación de servicios.

La decisión judicial pone nuevamente en discusión las prácticas de contratación en el fútbol peruano y refuerza la necesidad de que las instituciones deportivas adecuen sus relaciones laborales al marco legal vigente, evitando situaciones que puedan derivar en largos procesos judiciales y cuantiosas obligaciones económicas.