En medio de la disputa por el poder, la defensa de la Amazonía, sus pueblos y sus recursos sigue siendo una deuda pendiente que pocos candidatos están dispuestos a asumir.

La expansión de las economías ilícitas en la Amazonía peruana ya no responde a fenómenos aislados. Un reciente informe advierte que el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de tierras operan como una sola estructura criminal, consolidando su poder en territorios indígenas. Sin embargo, en medio del debate electoral, la gravedad de esta amenaza sigue ausente de las principales agendas políticas y de algunos sectores de interés vinculados al desarrollo amazónico.

La Amazonía peruana enfrenta una de las amenazas más complejas y peligrosas de las últimas décadas. A menos de un año del cambio de gobierno, un informe presentado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) advierte que el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de tierras han dejado de operar como actividades independientes para convertirse en una sola red criminal que extiende su influencia sobre vastas zonas del territorio amazónico. La investigación, titulada “La encrucijada amazónica: decisiones urgentes o consolidación del poder criminal en el Perú”, fue elaborada por Amazon Watch junto con organizaciones indígenas y plantea una alerta sobre el acelerado avance del crimen organizado en la región amazónica.

Los hallazgos son contundentes. Solo en 2024, más de 12 mil hectáreas de coca fueron cultivadas dentro de territorios pertenecientes a 252 comunidades nativas amazónicas, mientras que la superficie cultivada con este producto ilícito en comunidades indígenas aumentó en un alarmante 147 % entre 2018 y 2024. Detrás de estas cifras se encuentran comunidades que enfrentan invasiones, deforestación, amenazas constantes y la instalación de pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas para actividades ilegales.

El informe revela además que la relación entre el narcotráfico y la minería ilegal es cada vez más estrecha. Los recursos obtenidos por el tráfico de drogas financian la expansión de operaciones extractivas ilegales, mientras que el oro se ha convertido en uno de los mecanismos más utilizados para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Esta convergencia ha fortalecido redes criminales que hoy operan en corredores estratégicos como el eje Ucayali–Huánuco, la Cordillera del Cóndor, la Triple Frontera y Madre de Dios, territorios donde la presencia estatal resulta insuficiente frente al avance de organizaciones ilegales.

La preocupación aumenta al advertirse la presencia de organizaciones criminales transnacionales como las disidencias de las FARC, el Comando Vermelho y el Primer Comando da Capital (PCC), grupos que han encontrado condiciones favorables para ampliar sus operaciones en territorio peruano. A ello se suma la advertencia de que algunas reformas legislativas aprobadas en los últimos años habrían debilitado las capacidades del Estado para combatir estas amenazas, facilitando la expansión de actividades ilícitas bajo mecanismos que aparentan legalidad.

Frente a este escenario, las organizaciones indígenas continúan desempeñando un papel fundamental en la defensa de sus territorios. Experiencias como la Guardia Kakataibo, la Guardia Shipibo de Ucayali y el Sistema de Seguridad Indígena Amazónica de Junín se han convertido en una de las principales barreras contra el avance del crimen organizado, pese a operar en condiciones de alta vulnerabilidad y con recursos limitados.

Los autores del informe sostienen que el próximo gobierno deberá asumir decisiones urgentes durante sus primeros 100 días de gestión, priorizando la recuperación del control estatal en las zonas más afectadas, fortaleciendo la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad y promoviendo una mayor articulación con las comunidades indígenas. Entre los participantes de la presentación estuvieron Iván Brehaut, Vladimir Pinto, Ricardo Soberón y Herlin Odicio, quienes coincidieron en que la Amazonía se encuentra en un punto de inflexión que exige respuestas inmediatas.

Sin embargo, más allá de las cifras y advertencias, el informe deja una interrogante de fondo: ¿por qué un problema que compromete la seguridad nacional, la gobernabilidad y la conservación de más del 60 % del territorio peruano sigue ocupando un espacio marginal en el debate político? La expansión conjunta de la minería ilegal y el narcotráfico amenaza no solo a las comunidades indígenas y a los ecosistemas amazónicos, sino también a la institucionalidad democrática del país. Pese a ello, la problemática continúa siendo abordada de manera fragmentada y, en muchos casos, ignorada por sectores políticos y grupos de interés que prefieren concentrar la discusión pública en temas coyunturales. Mientras las redes criminales fortalecen su presencia en la Amazonía, la ausencia de propuestas concretas para enfrentar esta amenaza podría convertirse en una de las omisiones más graves del actual proceso electoral.