La aprobación en primera votación de un proyecto de ley que propone ampliar de 70 a 75 años la edad del cese laboral automático ha reabierto el debate sobre el envejecimiento de la población, el mercado laboral y el sistema previsional peruano.

La iniciativa no modifica la edad de jubilación, que se mantiene en 65 años. El cambio únicamente amplía el límite para el cese automático de la relación laboral. El proyecto, impulsado por las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular y el Bloque Magisterial, busca responder al aumento de la esperanza de vida y a la posibilidad de que personas mayores continúen trabajando después de los 70 años.

La abogada Karla Mares, doctora en Derecho Financiero y docente de la Universidad del Pacífico, señala que la medida no obliga a trabajar hasta los 75 años, sino que brinda una opción para quienes deseen continuar laborando y cuenten con la aprobación de su empleador.

La propuesta establece que el trabajador deberá solicitar la ampliación antes de cumplir los 70 años, superar una evaluación médica que certifique su aptitud física y mental y contar con la aprobación de su empleador. Además, la continuidad laboral no constituye un derecho adquirido, por lo que dependerá de las necesidades y condiciones de cada entidad o empresa.

Uno de los principales cuestionamientos es que la permanencia de trabajadores mayores podría retrasar el relevo generacional y reducir las oportunidades para jóvenes que buscan incorporarse al empleo formal. Sin embargo, quienes respaldan la iniciativa sostienen que continuar trabajando permite a los adultos mayores mantenerse activos, complementar ingresos y aportar experiencia y conocimientos.

En la legislación laboral peruana, el cese obligatorio a los 70 años es conocido como «jubilación guillotina», debido a que pone fin a la relación laboral únicamente por alcanzar una determinada edad, sin considerar la capacidad o voluntad del trabajador.

La propuesta aún debe superar una segunda votación en el Congreso. De aprobarse, marcará un precedente en la adaptación de la legislación laboral a una población cada vez más longeva y en la búsqueda de equilibrio entre el derecho al trabajo de los adultos mayores y las oportunidades para las nuevas generaciones.