Así la política y sus actores, ¿pueden inspirar confianza? La transparencia en las hojas de vida revela una realidad que obliga a los ciudadanos a mirar más allá de los discursos y evaluar con responsabilidad a quienes aspiran a administrar los recursos públicos.

Cada proceso electoral suele venir acompañado de promesas de cambio, discursos sobre honestidad y compromisos de lucha contra la corrupción. Sin embargo, cuando se abren las hojas de vida de quienes buscan conducir los destinos de regiones, provincias y distritos, la realidad suele hablar con más fuerza que cualquier mitin. En las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la información presentada por los propios candidatos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revela que 1,839 postulantes registran sentencias penales, una cifra que vuelve a desnudar las debilidades de los partidos y movimientos políticos al momento de seleccionar a quienes presentan como sus mejores cuadros para gobernar el país. En la región San Martín, el reporte alcanza a 59 candidatos, un número que también invita a la reflexión sobre la calidad de la representación política que llegará a las urnas.

No se trata de acusaciones ni de procesos en investigación. Son antecedentes consignados voluntariamente por los propios aspirantes en sus declaraciones juradas, donde reconocen haber recibido sentencias por delitos que van desde la omisión de asistencia familiar, la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, la conducción en estado de ebriedad, hasta graves casos de peculado, cohecho, falsificación de documentos, hurto, actos contra el pudor, tráfico ilícito de drogas, violación sexual y homicidio culposo. A esta relación se suman otros 137 postulantes que también registraron procesos penales, aunque precisan haber sido absueltos o que sus expedientes concluyeron por prescripción o archivo.

Las cifras hablan por sí solas. Del total de candidatos con sentencias, 779 buscan convertirse en alcaldes distritales, 543 aspiran a ocupar una regiduría distrital, 185 pretenden dirigir una municipalidad provincial, 177 postulan a una regiduría provincial y 41 intentan alcanzar el cargo de gobernador regional. El delito con mayor incidencia es la omisión de asistencia familiar, con 279 casos, seguido por más de 130 antecedentes relacionados con agresiones y violencia familiar. También aparecen 62 condenas por conducción en estado de ebriedad, 58 por peculado, más de 80 por falsificación de documentos, además de condenas por tráfico ilícito de drogas, violación sexual y homicidio culposo. Incluso existen candidatos que admiten tener una sentencia, pero omiten consignar el delito específico, limitándose a describir información genérica que impide al elector conocer con claridad los hechos por los cuales fueron condenados.

La legislación peruana establece que una sentencia no siempre impide postular a un cargo de elección popular. Esa es una garantía del Estado de derecho. Sin embargo, la dimensión ética pertenece al juicio de los ciudadanos. Son los partidos y movimientos políticos los primeros llamados a ejercer filtros rigurosos sobre sus candidatos, pero la realidad demuestra que, en demasiados casos, el objetivo parece ser llenar listas antes que construir liderazgos con solvencia moral. El costo de esa práctica termina trasladándose a la población, que una y otra vez presencia cómo las instituciones públicas quedan envueltas en escándalos, investigaciones y procesos judiciales.

La transparencia que hoy ofrecen las hojas de vida del JNE representa una herramienta invaluable para el elector. Nunca antes la ciudadanía tuvo tan fácil acceso a los antecedentes de quienes solicitan su confianza. Ignorar esa información equivale a renunciar a uno de los principales instrumentos para fortalecer la democracia. El voto informado deja de ser un simple derecho para convertirse en una responsabilidad colectiva.

Las elecciones de este año no solo pondrán en disputa gobiernos regionales y municipales. También medirán la capacidad de los ciudadanos para premiar la integridad y sancionar, mediante el voto, a quienes llegan con un historial incompatible con los valores que exige el servicio público. Porque administrar recursos del Estado demanda mucho más que popularidad o capacidad de hacer campaña: exige credibilidad, ejemplo y autoridad moral.

Al final, la gran interrogante sigue vigente y merece una respuesta en las urnas: ¿cómo recuperar la confianza en la política cuando quienes piden el voto llegan cargando el peso de sus propias sentencias? La respuesta ya no dependerá únicamente de los partidos ni de los organismos electorales. Estará, una vez más, en manos de millones de ciudadanos.