Grabaciones revelarían presuntas presiones a un colaborador eficaz antes de una audiencia. Juristas advierten que, de confirmarse su autenticidad, podrían configurarse graves irregularidades en la administración de justicia.

Un nuevo elemento podría cambiar el rumbo de uno de los procesos judiciales más controvertidos de Arequipa. La difusión de audios atribuidos a un colaborador eficaz del caso “Atico” ha abierto serios cuestionamientos sobre la actuación de operadores de justicia y ha motivado pedidos para que el Ministerio Público inicie una investigación independiente.

Según el portal Evidencia.pe, en una de las grabaciones, cuya autenticidad aún deberá ser verificada por las autoridades competentes, el colaborador relata haber sido presuntamente advertido por una magistrada sobre las consecuencias de modificar su versión durante una audiencia.

«Mira lo que me dijo, me ha amenazado, si usted ese día cambia su versión y Fiscalía pide su revocatoria, yo lo voy a aprobar automáticamente”, se escucha.

El contenido del audio ha generado preocupación entre especialistas consultados, quienes coinciden en que el primer paso debe ser determinar técnicamente su autenticidad. Sin embargo, advierten que, de confirmarse, los hechos podrían comprometer principios fundamentales como la independencia judicial, la libertad de declaración de un colaborador eficaz y el debido proceso.

Según la información difundida, la magistrada mencionada sería la jueza Soledad Coaguila Turpo, mientras que el caso es dirigido por la fiscal especializada en Crimen Organizado María Cabana Ocsa. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento público de ambas autoridades respecto al contenido de las grabaciones.

El decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari Buendía, sostuvo que corresponde al Ministerio Público verificar la autenticidad del material mediante una investigación especializada. Precisó que solo una pericia permitirá establecer si las conversaciones son reales y determinar las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse.

En la misma línea, el exjuez y exdecano del Colegio de Abogados de Arequipa, José Arce Villafuerte, afirmó que, de acreditarse los hechos, correspondería presentar denuncias tanto ante la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC) como ante el Ministerio Público.

“No es normal que jueces se reúnan con colaboradores eficaces antes de audiencias o para practicar respuestas. Estaríamos ante un acto ilegal, un delito contra la administración de justicia», advirtió el exmagistrado.

Los audios aparecen en un momento particularmente sensible para este proceso judicial, relacionado con los hechos de violencia ocurridos en Atico (Caravelí), donde en 2022 un enfrentamiento entre mineros informales dejó catorce personas fallecidas.

La controversia reabre el debate sobre los mecanismos de control de jueces y fiscales en investigaciones de alta complejidad y sobre la necesidad de garantizar que los colaboradores eficaces puedan declarar sin presiones, amenazas o condicionamientos