La presidenta anunció que pedirá al Congreso la delegación de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, reactivación económica y simplificación administrativa. La propuesta deberá ser aprobada por diputados y senadores.
La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que su gobierno solicitará al Congreso de la República la delegación de facultades legislativas para aprobar, en un plazo determinado, un conjunto de medidas destinadas a fortalecer la seguridad ciudadana, impulsar la reactivación económica y simplificar los trámites administrativos.
Durante la presentación de los lineamientos de su gestión, la mandataria sostuvo que esta herramienta permitirá al Poder Ejecutivo actuar con mayor rapidez frente a los principales problemas del país, evitando que las reformas más urgentes se prolonguen durante meses en el debate parlamentario.
El primer eje de la propuesta está orientado a reforzar la lucha contra el crimen organizado, la extorsión, el sicariato y otros delitos, además de fortalecer las capacidades de la Policía Nacional del Perú y mejorar la coordinación con el sistema de justicia.
El segundo eje busca reactivar la economía mediante medidas que promuevan nuevas inversiones, la generación de empleo formal, la ejecución de proyectos de infraestructura y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.
En materia administrativa, el Ejecutivo plantea reducir la burocracia, eliminar procedimientos considerados innecesarios, digitalizar trámites y facilitar la inversión privada, con el propósito de mejorar la eficiencia del Estado.
La solicitud deberá ser evaluada por el Congreso bicameral, conformado por la Cámara de Diputados y el Senado, que tendrá la responsabilidad de debatir y decidir si otorga las facultades legislativas, así como establecer el plazo y las materias específicas sobre las que podrá legislar el Ejecutivo.
La iniciativa anticipa un amplio debate político. Mientras las bancadas cercanas al oficialismo podrían respaldar la propuesta para acelerar las reformas del Gobierno, sectores de la oposición podrían solicitar mayores precisiones sobre el alcance de las facultades y plantear mecanismos de control y fiscalización durante su vigencia.
Si el Congreso aprueba la delegación de facultades, el Gobierno podrá emitir decretos legislativos en las materias autorizadas, con el objetivo de acelerar la implementación de medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana, dinamizar la economía y modernizar la administración pública durante los primeros meses de gestión.
