Detrás de cada cifra hay una infancia vulnerada. Los nuevos registros sobre embarazo infantil forzado en San Martín y el Perú recuerdan que la violencia sexual contra niñas sigue siendo una realidad que exige respuestas inmediatas, prevención efectiva y acceso oportuno a la justicia y a la atención integral.
Seis niñas menores de 14 años dieron a luz durante el mes de julio de 2026 en la región San Martín, elevando a 65 el número de partos registrados en este grupo etario entre enero y julio del presente año, de acuerdo con información del Registro en Línea del CNV del Ministerio de Salud (MINSA), difundida por CLADEM Perú y PRODEMU. A nivel nacional, la cifra alcanza 1,086 partos de niñas menores de 14 años en el mismo período, una realidad que vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de fortalecer las políticas de prevención de la violencia sexual, protección de la niñez y acceso efectivo a los servicios de salud y justicia.
Los datos muestran que, en San Martín, el mayor número de casos se registró en mayo, con 13 partos, seguido de abril y junio, con 10 casos cada uno; mientras que enero reportó 8, febrero y marzo registraron 9 cada uno, y julio cerró con 6 partos. En tanto, a nivel nacional, el comportamiento mensual fue de 157 casos en enero, 132 en febrero, 157 en marzo, 162 en abril, 181 en mayo, 150 en junio y 147 en julio, evidenciando que el problema se mantiene de manera constante durante todo el año.
El reporte también revela que, de las 65 niñas registradas en San Martín, 12 culminaron la educación primaria, 7 tienen primaria incompleta, 40 alcanzaron secundaria completa y 6 presentan secundaria incompleta, datos que reflejan el impacto que la violencia sexual tiene en la trayectoria educativa y en el proyecto de vida de las víctimas.
Las organizaciones CLADEM Perú y PRODEMU recuerdan que todo embarazo en una niña menor de 14 años constituye una presunción de violencia sexual, por lo que las víctimas tienen derecho a recibir atención integral, acceso al kit de emergencia que incluye anticoncepción oral de emergencia, tratamiento para VIH, hepatitis y otras infecciones, así como información sobre el aborto terapéutico cuando corresponda y las garantías necesarias para acceder a la justicia.
Asimismo, exhortan a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de violencia sexual contra niñas y adolescentes mediante la Línea 100, los Centros de Emergencia Mujer (CEM), la comisaría más cercana o el establecimiento de salud, reiterando que la prevención y la intervención oportuna son fundamentales para evitar que más infancias sean truncadas por la violencia. Las cifras, más allá de su dimensión estadística, representan historias de niñas cuya niñez fue arrebatada y constituyen un llamado urgente a que el Estado, las instituciones y la sociedad refuercen las acciones para proteger sus derechos y garantizar que ninguna menor vuelva a enfrentar una maternidad impuesta por la violencia.
