DERECHO Y SOCIEDAD
Autores: Abg. Dra. Grethel Silva Huamantumba
Lic. Dr. Edman Junior Silva Huamantumba
La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta con gran potencial para modernizar la gestión pública. En el Perú, el Estado ya cuenta con un marco normativo que promueve su incorporación en las entidades públicas; sin embargo, el principal reto es que estas políticas se reflejen en mejoras concretas, especialmente en las regiones donde aún existen limitaciones tecnológicas y presupuestarias.
La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) 2026-2030 establece los lineamientos para implementar esta tecnología en toda la administración pública y crea la figura del Oficial de Inteligencia Artificial, responsable de supervisar que su uso respete los principios éticos y los derechos de los ciudadanos. Sabemos que algunas instituciones ya han comenzado a aplicar estas herramientas. El Tribunal del Servicio Civil, por ejemplo, incorpora inteligencia artificial en determinados procedimientos disciplinarios, mientras que también existen iniciativas para integrarla con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), con el objetivo de optimizar el control del gasto público y mejorar la toma de decisiones.
Asimismo, consideramos que uno de los principales retos es fortalecer las capacidades del personal público. La implementación de la IA requiere servidores capacitados, pero modalidades de contratación como el régimen CAS ofrecen condiciones menos competitivas que las del sector privado, lo que dificulta atraer y retener profesionales especializados y como resultado, muchas entidades terminan dependiendo de consultorías externas para desarrollar este tipo de proyectos.
En conclusión, estimamos que la inteligencia artificial no debe reemplazar al servidor público, sino convertirse en una herramienta que fortalezca su trabajo y mejore la eficiencia de la administración estatal. Aunque el Perú ha dado pasos importantes con la aprobación de una estrategia nacional y el desarrollo de algunas experiencias de aplicación, consideramos que su verdadero impacto dependerá de una inversión sostenida en infraestructura, capacitación y fortalecimiento institucional. Solo de esta manera será posible reducir la brecha entre las políticas aprobadas y su implementación efectiva en todo el país.
