Nuestra región la deforestación avanza, aparecen más lotizaciones sin servicios básicos. La amenaza no está solamente en las lluvias: también está en un territorio que se sigue ocupando sin medir las consecuencias.

En San Martín se vuelve a mirar al cielo con preocupación. Cada temporada de lluvias trae consigo la posibilidad de ríos desbordados, carreteras interrumpidas, deslizamientos y suelos debilitados. Pero detrás de cada punto crítico existe algo más que una amenaza climática: hay una población, una carretera, una calle, una vivienda, un cultivo o una ciudad que puede quedar expuesta cuando el agua encuentre un cauce sin protección. El problema es que, en buena parte del territorio la amenaza ya fue identificada y los recursos para enfrentarla estuvieron disponibles, pero no fueron gestionados oportunamente.

Un análisis de las bases de datos de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) revela una situación que resulta difícil de justificar: 21 gobiernos regionales y 113 municipalidades distritales no solicitaron los recursos económicos que tenían asignados en el Fondo para las Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes). En conjunto, quedaron paralizados S/ 543,339,406, dinero que debía traducirse en acciones concretas para reducir el impacto de las inundaciones, huaicos y desbordes.

En la Amazonía y el nororiente peruano, la preocupación adquiere dimensiones particulares. San Martín aparece entre las regiones que deben mirar con especial atención sus propios puntos vulnerables. Allí, 4 distritos dejaron de gestionar recursos destinados a atender 5 puntos críticos, con un presupuesto preventivo de S/ 10,800,184 que no llegó oportunamente a convertirse en obras de protección.

La situación de San Martín no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de una eventual crecida de los ríos. La vulnerabilidad se ha ido construyendo durante años y tiene entre sus componentes la alta deforestación, la pérdida de cobertura vegetal, la falta de planificación territorial y el crecimiento urbano desordenado. Cuando, además, se ocupan áreas vulnerables sin planificación suficiente, el problema ambiental termina convirtiéndose en un problema urbano y social.

Ese fenómeno puede observarse incluso en ciudades que han experimentado un acelerado crecimiento. Tarapoto, Moyobamba, Picota, Bellavista y Yurimaguas en Loreto enfrentan el desafío de ordenar su expansión antes de que el territorio termine imponiendo sus propias reglas.

La aparición de nuevas lotizaciones sin servicios básicos, en zonas donde la infraestructura de drenaje, saneamiento, vías de acceso y manejo de aguas pluviales no siempre crece al mismo ritmo, incrementa la exposición de miles de familias. Cada nuevo asentamiento construido sin una adecuada evaluación del terreno puede convertirse mañana en un nuevo punto de emergencia.

La expansión urbana tampoco es un problema aislado de las lluvias. Cuando las ciudades crecen sobre áreas que no cuentan con una adecuada planificación, se reducen espacios naturales, se altera el drenaje y se ocupan terrenos que pueden tener restricciones para la construcción. El agua, sin embargo, conserva memoria del territorio: busca quebradas, cauces, depresiones y rutas naturales. Allí donde una ciudad ha levantado viviendas sin considerar esa dinámica, el riesgo puede reaparecer con fuerza durante un evento climático extremo.

Las cifras de San Martín, Amazonas y Ucayali permiten entender que el problema no está únicamente en cuánto dinero existe, sino en la capacidad de convertir ese presupuesto en protección efectiva. S/ 10,800,184 en San Martín, S/ 24,519,247 en Amazonas y S/ 885,100 en Ucayali representan recursos que, gestionados oportunamente, podían contribuir a reducir la vulnerabilidad de territorios previamente identificados. Cuando permanecen inmovilizados, el riesgo no desaparece: simplemente se traslada hacia las familias que viven cerca de los cauces, quebradas y laderas.

El caso de San Martín deja una lección importante. No basta con intervenir después del desastre. Es necesario detener la expansión urbana hacia zonas vulnerables, ordenar las nuevas lotizaciones, garantizar servicios básicos, recuperar áreas degradadas, proteger las cuencas y exigir que los gobiernos locales incorporen el riesgo en cada decisión sobre el territorio. Una ciudad que crece sin planificación puede aumentar su población y su actividad económica, pero también puede aumentar silenciosamente el número de personas expuestas.

La prevención tampoco puede reducirse a construir una defensa ribereña. Una estrategia real debe integrar ordenamiento territorial, conservación de bosques, manejo de cuencas, limpieza y descolmatación de cauces, sistemas de alerta temprana, fiscalización de las ocupaciones urbanas y mantenimiento permanente de las obras existentes. De lo contrario, cada temporada de lluvias volverá a encontrar las mismas debilidades.

El dinero público destinado a la prevención tiene un propósito concreto: evitar que una amenaza natural termine convertida en tragedia. Por eso, cuando los recursos existen, pero no se gestionan, el costo finalmente lo paga el poblador, el agricultor que pierde su cosecha, la familia que abandona su vivienda, el comerciante que ve destruido su negocio, el niño que deja de asistir a clases y, en las circunstancias más dramáticas, las familias que pierden a sus seres queridos.

La verdadera prevención consiste en actuar antes de que llegue el agua, antes de que se deslicen los cerros y antes de que la emergencia convierta una advertencia técnica en una tragedia humana.

El mensaje es claro: el riesgo no espera, el río no espera y la población tampoco debería esperar a que las autoridades reaccionen cuando ya sea demasiado tarde. Cada sol no ejecutado en prevención puede convertirse mañana en un costo mucho mayor para el Estado y, sobre todo, en un precio demasiado alto para las familias que hoy viven en zonas vulnerables.