La muerte de Taylor Yaicate Ricopa, de 18 años, exige una investigación a fondo para establecer quién ordenó, permitió o toleró que estudiantes participaran en trabajos de demolición dentro de la institución educativa N.° 60057 Petronila Perea de Ferrando, en Punchana.

La mañana que Taylor Yaicate Ricopa, estudiante de quinto de secundaria, salió rumbo al colegio, nadie en su familia imaginó que aquella sería la última vez que lo verían con vida. Fue a estudiar y terminó atrapado bajo toneladas de concreto. Murió después de ser sepultado por una estructura que estaba siendo demolida dentro de su propio centro educativo, durante el horario de clases. Tenía 18 años. Tenía una familia. Tenía planes. Y tenía derecho, simplemente, a regresar a casa.

La tragedia ocurrió ayer lunes cuando varios escolares participaban en labores destinadas a retirar una antigua estructura de concreto que, según la información preliminar, correspondería a un antiguo tanque o reservorio. Los estudiantes utilizaban herramientas para golpear y debilitar la estructura. En algún momento, el concreto cedió. La pesada masa cayó sobre los jóvenes y los dejó atrapados entre los escombros.

Uno de ellos era Taylor Yaicate Ricopa. El otro estudiante afectado, Antony Gárate Ríos, fue trasladado al Hospital Regional de Loreto, donde fue diagnosticado como policontuso. Taylor llegó también al establecimiento de salud y fue ingresado a Trauma Shock, en estado crítico, con graves lesiones producto del aplastamiento y una probable fractura de cráneo. Los médicos intentaron salvarlo. Hubo maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pero su corazón dejó de latir. El director del Hospital Regional de Loreto confirmó finalmente la muerte.

Así, lo que debió ser una jornada cualquiera de clases terminó con un padre despidiendo a su hijo y con una comunidad educativa preguntándose cómo fue posible que estudiantes fueran colocados frente a una estructura de concreto en proceso de demolición.

Porque aquí no solo cayó una pared, un tanque o una estructura antigua. También se derrumbó algo mucho más grave: el deber elemental de proteger a los escolares.

Las primeras denuncias conocidas tras el accidente abren preguntas que no pueden quedar enterradas bajo los mismos escombros. El padre de Taylor declaró ante medios de comunicación de Iquitos que su hijo habría sido enviado, junto con otros estudiantes, a realizar labores físicas dentro del colegio con la presunta finalidad de obtener una mejor calificación. Según su testimonio, habrían sido aproximadamente cuatro estudiantes los que comenzaron a trabajar en la demolición.

Si esta versión se confirma, la tragedia adquiere una dimensión todavía más dolorosa. ¿Quién los envió? ¿Quién les entregó las herramientas? ¿Quién autorizó que menores de edad participaran en la demolición de una estructura de concreto? ¿Dónde estaban los profesores? ¿Quién supervisaba la obra? ¿Existía un responsable técnico? ¿Había un plan de seguridad? ¿Se había aislado el área? ¿Se evaluó previamente el riesgo de colapso? ¿Por qué los estudiantes estaban allí durante su jornada educativa?

Son preguntas que no pueden responderse con explicaciones apresuradas ni con responsabilidades diluidas.

La demolición de una estructura no es un juego ni una actividad escolar cualquiera. Implica riesgos, conocimientos técnicos, equipos de protección y medidas de seguridad. Por eso, si se confirma que escolares participaron directamente en esos trabajos, las autoridades deberán establecer con absoluta claridad quién tomó la decisión y bajo qué argumentos se permitió semejante situación.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto, efectivos de la Policía Nacional, la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas y personal de Medicina Legal ya realizan diligencias para esclarecer lo ocurrido. La Defensoría del Pueblo también exigió una investigación inmediata para identificar a los responsables.

Además, el Ministerio Público informó sobre diligencias orientadas a determinar eventuales responsabilidades de funcionarios y trabajadores del plantel, así como la detención del director y de un docente para las investigaciones correspondientes.

Pero la investigación debe ir mucho más allá de establecer quién estaba presente cuando cayó la estructura, quién dispuso la demolición, quién autorizó el ingreso de los estudiantes al área de peligro, quién supervisó las labores, qué medidas de seguridad existían y si alguna autoridad educativa conocía que los escolares estaban realizando trabajos de esa naturaleza.

También debe determinarse si existieron omisiones, negligencia, abuso de autoridad o cualquier otra conducta que pueda tener consecuencias administrativas o penales.

La familia de Taylor Yaicate Ricopa necesita respuestas. Sus compañeros los padres de familia necesitan respuestas. Y la sociedad necesita saber cómo un colegio, que debería ser uno de los lugares más seguros para un niño o un adolescente, pudo convertirse en el escenario de una muerte evitable.

La respuesta no puede quedar en rumores. Tampoco en una investigación superficial.

Que se investigue a todos. Profesores, autoridades, responsables de la obra y funcionarios que hayan tenido participación o conocimiento de los hechos. Que se determine quién ordenó, quién permitió, quién supervisó y quién omitió actuar.

La familia de Taylor ya no puede recuperar a su hijo. Pero una investigación seria, transparente y sin privilegios puede impedir que otra familia tenga que vivir mañana el mismo dolor.

Taylor salió de casa rumbo al colegio. Ya no regresará. Ahora corresponde a las autoridades responder por qué. Por: Segundo Chuquipiondo.