La propuesta contempla compensaciones de hasta 12 remuneraciones para servidores públicos que decidan dejar voluntariamente sus puestos. El Ejecutivo estima que entre 2.500 y 10.000 trabajadores podrían acogerse al mecanismo.
El Gobierno de Keiko Fujimori solicitó al Congreso facultades legislativas para impulsar una reforma de reorganización y modernización del Estado, que incluye incentivos económicos para trabajadores públicos que decidan renunciar voluntariamente.
La iniciativa busca ordenar la planilla estatal, identificar las plazas necesarias y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Según el Ejecutivo, la reforma permitirá avanzar hacia una estructura estatal más eficiente y basada en la meritocracia.
El incentivo tendría como referencia el régimen laboral privado regulado por el Decreto Legislativo 728 y sería otorgado únicamente a quienes decidan acogerse voluntariamente. La propuesta no contempla despidos ni destituciones de trabajadores con estabilidad laboral.

El cálculo sería de una remuneración y media mensual por cada año completo de servicios, con un límite máximo de 12 remuneraciones. Por ejemplo, un trabajador que perciba S/4.000 mensuales y tenga cinco años de servicio podría recibir S/30.000.
El mecanismo alcanzaría a trabajadores bajo el régimen CAS a plazo indeterminado, servidores nombrados del Decreto Legislativo 276 y trabajadores del régimen 728.
No obstante, aún deberán definirse aspectos como el procedimiento para acceder al beneficio y la modalidad de pago.
El abogado laboralista Willman Meléndez advirtió que el principal desafío será garantizar que las renuncias sean realmente voluntarias y no estén condicionadas por presiones laborales.
El Ejecutivo proyecta entre 2.500 y 10.000 renuncias. El costo inicial oscilaría entre S/220,1 millones y S/886,9 millones, mientras que el ahorro acumulado en tres años podría alcanzar hasta S/1.180,4 millones.
El reto será garantizar la voluntariedad de las salidas y lograr una reorganización que contribuya realmente a construir un Estado más eficiente y sostenible.



