La disputa por la ubicación del debate electoral en San Martín pone sobre la mesa la necesidad de esclarecer los procesos de decisión y contratación, exigiendo respeto por la capital histórica de la región.
La controversia política en la región San Martín escaló en las últimas horas tras la emisión del OFICIO N.º 02 -2026-DELT/CGRSM, presentado por David Enrique Landa Tucto, candidato a Gobernador Regional de San Martín por el partido político Fuerza Popular.
El documento fue ingresado formalmente ante el Jurado Electoral Especial de San Martín para rechazar categóricamente las interpretaciones que señalan a su personero legal como el responsable de decidir o consensuar la ubicación de la sede para el próximo debate electoral.
Según lo manifestado por el candidato, las reuniones técnicas sostenidas los días 3 y 6 de septiembre tuvieron como único propósito coordinar los procedimientos metodológicos, logísticos y el formato del desarrollo del debate, mas no la elección definitiva del lugar del evento.
Ante las afirmaciones emitidas por el Jurado Electoral Especial de San Martín, David Enrique Landa Tucto aclaró que su personero se limitó a participar en las coordinaciones técnicas y recordó que, por tradición institucional, este tipo de encuentros políticos se han realizado históricamente en Moyobamba, por ser la capital de la región y el centro administrativo. La organización política subraya que una cosa es suscribir actas de coordinación y otra muy distinta es asumir la potestad de elegir unilateralmente la sede, rechazando que se pretenda usar la firma del personero como una aceptación expresa e irrevocable del cambio de locación.
En aras de garantizar la transparencia y la legalidad del proceso, el candidato de Fuerza Popular solicitó al Jurado Electoral Especial de San Martín que se muestre con absoluta claridad la documentación relacionada con la contratación del local donde se llevará a cabo el evento, incluyendo los requerimientos, órdenes de servicio, fechas de solicitud, autorizaciones y los criterios que determinaron la decisión final de la sede.
Desde la perspectiva de Fuerza Popular, la exigencia de fiscalización no busca obstaculizar el debate ni entorpecer el proceso electoral, sino defender la igualdad de condiciones entre los candidatos y el respeto institucional exigiendo que cualquier decisión oficial sea plenamente verificable y sustentada con documentos y no mediante interpretaciones ambiguas.
La democracia no solo se fortalece permitiendo la confrontación de ideas en las urnas y los debates, sino garantizando que cada paso del proceso electoral esté blindado por la absoluta claridad, la rendición de cuentas y el respeto irrestricto a los acuerdos institucionales.
