Proteger la Amazonía y los territorios de los pueblos en aislamiento no es solo un acto de justicia socioambiental, sino la defensa de nuestro escudo climático y la única garantía de un futuro sostenible para el país.
Diversas organizaciones indígenas, sindicatos y miembros de la sociedad civil exigen frenar la Propuesta Legislativa N° 98/2026-2031-CD de delegación de facultades impulsada por el Ejecutivo. Este proyecto busca modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas para habilitar la extracción de hidrocarburos en el Parque Nacional Bahuaja Sonene – en el Candamo, poniendo además en entredicho la intangibilidad de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI) y debilitando las normativas ambientales bajo la justificación de un supuesto «desarrollo productivo».
Según el pronunciamiento firmado por 09 organizaciones indígenas, 04 sindicatos de la Amazonia, 117 organizaciones de la sociedad civil y 150 personas naturales, estas medidas amenazan de forma irreversible la biodiversidad y los derechos fundamentales, y advierten que las modificaciones normativas de tal magnitud deben tramitarse mediante la vía legislativa ordinaria y no por delegación genérica. Los firmantes remarcan que la propuesta contraviene la Constitución Política, convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el principio de no regresión ambiental dictado por el Tribunal Constitucional.
El texto critica que la supuesta urgencia energética carece de sustento técnico riguroso al no detallar reservas ni demanda a 40 años, omitiendo además que el Lote 58 exporta la mayor parte de los 3.9 TCF extraídos. Asimismo, se recuerda que en octubre de 2025, PERUPETRO canceló por mandato judicial firme (Expediente N° 08060-2024-0-1801-JR-DC-05) la evaluación técnica sobre el Parque Nacional Bahuaja Sonene, un área de uso indirecto e intangible. Respecto a los PIACI, se advierte que alterar la Ley N° 28736 para someter su protección a intereses contractuales vulnera los estándares de salvaguarda frente a su extrema vulnerabilidad.
Finalmente, el documento denuncia que habilitar el silencio administrativo positivo en instrumentos de gestión ambiental – cuando el 82% de las observaciones a los Estudios de Impacto Ambiental se debe a deficiencias técnicas de los expedientes – incrementa los riesgos de corrupción e impactos socioambientales adversos.
Defender el patrimonio natural y los territorios ancestrales no es oponerse al desarrollo, sino garantizar que la vida, el agua y los ecosistemas que sostienen a las futuras generaciones no sean sacrificados por intereses extractivistas cortoplacistas.
¡Nuestros bosques, áreas protegidas y pueblos originarios no se negocian; el futuro del país se defiende con firmeza y soberanía ambiental!
