De 318 títulos mineros en Datem del Marañón, solo dos están habilitados para operar. Los otros 316 son la señal de alarma.

Por: Martin Arana, septiembre 2026

El Perú acaba de marcar una nueva cifra récord en materia minera. Ingemmet (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico) anunció que se prevé más de 11 mil nuevas concesiones mineras, pero este no es un indicador que deba alegrarnos. Detrás de esta cifra se esconden riesgos ante el avance de la minería ilegal, un proceso de formalización poroso frente a actividades ilícitas y una nueva Ley de pequeña minería y minería artesanal aún por definir. Esta preocupación cobra especial relevancia en la Amazonía.

En este escenario, la situación del río Marañón y afluentes como el Santiago, Cenepa y Alto Comainas resulta extremadamente preocupante. Informes, reportajes, denuncias y acciones de interdicción evidencian que estos territorios se han convertido en enclaves de minería ilegal. Además del daño ambiental, esta actividad representa un alto riesgo para la población, especialmente para los pueblos indígenas, y plantea preocupaciones por la presencia de grupos de crimen organizado transnacional como Los Lobos y Los Choneros de Ecuador.

El problema no radica únicamente en la minería ilegal, sino en que justamente en estas zonas se tramitan solicitudes de derechos mineros, incluso sobre ríos y cuerpos de agua. Hasta junio de 2026, en sectores de Datem del Marañón, Condorcanqui y parte de Bagua se registraban 610 derechos mineros: 299 titulados y 311 en trámite. El 75% fue tramitado durante 2025 y mayo de 2026, alcanzando unas 311,780 hectáreas, equivalentes al 62.5% del denominado «corredor minero» de Madre de Dios. La situación guarda similitud con los inicios del desborde minero en Madre de Dios.

La falta de intervención oportuna en 2003 y 2005 facilitó el desarrollo de un escenario de descontrol, informalidad, ilegalidad y delitos conexos, con graves impactos que obligaron al Estado a promulgar el Decreto de Urgencia 012-2010, la norma con la que se intentó frenar entonces el desborde minero en Madre de Dios. Sin embargo, el problema se ha agudizado. Si a ello se suma el mejoramiento del Eje Vial 4, entre Puente Wawico, Santa María de Nieva y Saramiriza, mediante un acuerdo con Japón, el resultado podría ser un déjà vu de Madre de Dios con la Interoceánica: una verdadera «tormenta perfecta».

¿Qué implica otorgar derechos mineros donde existe minería ilegal? ¿Qué criterios se aplican para evaluar a los solicitantes? Aunque Ingemmet señala que un título minero no autoriza por sí mismo a realizar actividades mineras, en un escenario de informalidad, el título puede convertirse en el primer paso para legitimar actividades actualmente ilegales.

Un ejemplo resulta revelador: en Datem del Marañón, de 318 títulos mineros otorgados y en trámite hasta mayo de 2026, existen solo 11 registros de operaciones informales inscritas en el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) y únicamente dos títulos figuran en GEOCATMIN (el geocatálogo minero oficial del Perú, donde se consultan los derechos

mineros vigentes). Apenas dos derechos aparecen habilitados y registrados para realizar minería dentro del proceso de formalización. Además, el 75% fue tramitado después del cierre de inscripciones al REINFO, ocurrido el 20 de septiembre de 2020. Varios titulares tienen inscripciones en el REINFO, mientras otros registran denuncias o procesos por minería ilegal. Cerca del 50% procede de Madre de Dios y el 73% de sus derechos se concentra en apenas seis direcciones legales.

En el Marañón, aproximadamente 600 kilómetros entre Bagua y Barranca tienen títulos mineros sobre su curso y cerca del 50% del río Santiago presenta una situación semejante. La pregunta es inevitable: ¿por qué se siguen otorgando derechos sobre los ríos cuando la actividad minera no está permitida, especialmente en zonas donde ya existe minería ilegal?

El nuevo gobierno ha anunciado que reforzará la lucha contra la minería ilegal. La estrategia debe incorporar planificación territorial y prevención, evitando que el otorgamiento de derechos legitime actividades ilícitas y que la inversión pública beneficie a las economías criminales. El Marañón y sus afluentes requieren atención urgente. De lo contrario, podríamos estar construyendo, ante nuestros ojos, un «nuevo corredor minero» tan inmanejable como el que hoy enfrenta Madre de Dios.