Exigir un control estricto en el mercado para erradicar sustancias químicas que amenazan la vida humana no es solo una obligación legal, sino un acto urgente de justicia sanitaria que ya no puede esperar en los campos de nuestra patria.

En una decisión crucial para salvaguardar la salud pública y erradicar del mercado la comercialización de insumos que ponen en riesgo el bienestar de la ciudadanía, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) emitió la Resolución Directoral N° D000015-2026-MIDAGRI-SENASA-DIAIA. La norma dispone dar cumplimiento e implementar, en el ámbito de sus competencias, lo ordenado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 1111/2026, recaída en el Expediente N° 03269-2023-PA/TC, sobre la suspensión temporal de la venta, distribución y uso de productos fitosanitarios que contengan sustancias activas como clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin, en cuanto se destinen a la producción de alimentos de origen vegetal para el consumo interno.

Frente al cuestionamiento de circular en el mercado nacional sustancias altamente peligrosas y cuya comercialización ya se encuentra prohibida en diversos países vecinos, la medida del máximo órgano jurisdiccional adquiere una profunda relevancia preventiva. La disposición del Tribunal Constitucional establece un mandato de naturaleza precautoria y de carácter revisable, que se mantendrá hasta que culmine la reevaluación técnico-científica y se implementen mecanismos suficientes de control, trazabilidad y respuesta sanitaria. Para lograr este objetivo y limpiar el mercado de insumos nocivos, el SENASA, a través de la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria, desarrollará las actuaciones administrativas, técnicas y operativas necesarias para garantizar un control efectivo sin excepciones.

La protección de la salud de los consumidores y de las familias peruanas exige que las instituciones del Estado actúen con firmeza frente a plaguicidas químicos cuestionados a nivel internacional. La norma publicada en el diario oficial El Peruano recuerda que la fiscalización de estos productos debe ser rigurosa para evitar que los alimentos que llegan a las mesas contengan residuos tóxicos que dañen la vida humana.

La salud pública no puede ser moneda de cambio frente a intereses comerciales ni tolerar vacíos de fiscalización que nos dejen rezagados frente a naciones vecinas. Eliminar del mercado los plaguicidas peligrosos es una tarea impostergable que demuestra que ningún modelo productivo vale más que la vida y la integridad de nuestra gente.

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