Mientras la autoridad electoral avanza hacia el cómputo final con el 96.7% de actas contabilizadas, el destino de las mesas observadas queda ahora en manos de los jurados electorales especiales, marcando el pulso definitivo de la democracia local.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó de manera oficial el procesamiento de las actas electorales de todo el país correspondientes a las 89 935 mesas de sufragio que operaron durante las elecciones regionales y municipales del pasado 4 de octubre. El hito se alcanzó a las 12:26 horas del sábado 10 de octubre, momento en el cual se registraron los datos de todas las jurisdicciones, destacando que el 96.7% de las actas ya se encuentran debidamente contabilizadas e integradas al cómputo general de resultados. Sin embargo, un sector minoritario de los documentos quedó pendiente de contabilización debido a observaciones técnicas, solicitudes de nulidad o impugnaciones de identidad y voto, las cuales fueron derivadas progresivamente a los respectivos Jurados Electorales Especiales (JEE) —órganos adscritos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE)— para su evaluación y resolución conforme a ley. Desde las 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) y sus centros de cómputo, donde las últimas actas en arribar incluyeron aquellas trasladadas por vía fluvial desde el centro poblado Yankutich hacia la ODPE Alto Amazonas, se ha detallado que el sistema aplicó rigurosos filtros de seguridad que incluyeron doble digitación asistida por inteligencia artificial y operadores independientes para garantizar la transparencia. Las causales que motivaron las observaciones comprenden desde errores aritméticos e ilegibilidad hasta información incompleta o falta de la cantidad mínima de firmas de los miembros de mesa. Una vez que los JEE y el pleno del JNE emitan sus fallos definitivos sobre estas incidencias, la ONPE procederá a incorporar los votos restantes para alcanzar el 100% de la contabilización oficial.
La culminación de este procesamiento no es solo un procedimiento técnico, sino la prueba de que la voluntad ciudadana expresada en las urnas exige instituciones sólidas, transparentes y expeditas para consolidar la gobernabilidad que nuestras regiones tanto necesitan.
