Sobre el proyecto del sistema de agua potable de Junguillo La Mina y en busca de un riguroso equilibrio periodístico, y a raíz de nuestra publicación el pasado lunes, VOCES insistió sostenidamente recoger las versiones de las partes involucradas.
Quien accedió a dialogar y brindar sus descargos fue el representante del Consorcio Selva Perú, el Ing. Vladimir Sánchez. Por el contrario, tras constantes llamadas, el procurador del Gobierno Regional de San Martín, Abog. Abel Armando Ávila Ocaña, justificó su indisponibilidad aduciendo el ingreso a una audiencia pública y posteriormente evadió responder a nuestro llamado. Similar postura – reiterativa – sigue adoptando el gerente general del Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), el Ing. Milton Arévalo, quien permaneció inubicable. Ante este escenario, la interrogante surge inevitable: ¿Así es como los funcionarios cautelan y defienden los intereses del Estado?
Durante el transcurso del 2026, la obra Junguillo La Mina atravesó por episodios críticos. En junio de 2026, estallaron disputas legales producto de los intentos de resolución de contrato por parte de la jefatura del PEAM. Posteriormente, en octubre de 2026, el descontento social alcanzó su punto máximo cuando representantes de colectivos civiles de Moyobamba – entre ellos ACIPROMO – encararon de forma directa al Ing. Vladimir Sánchez, demandándole explicaciones claras respecto a la paralización de los trabajos, la calidad de los materiales, el estado de las infraestructuras y los inventarios pendientes.
Al responder a nuestro llamado y sobre las recientes observaciones formuladas por la Contraloría General de la República relativas a la falta de empalme con la red de Moyobamba, el Ing. Vladimir Sánchez precisó que dicha omisión proviene del expediente técnico original formulado y aprobado por la entidad en el año 2023. «El contratista no diseña la obra ni elabora el expediente técnico; venimos a ejecutar lo que la entidad aprobó», remarcó. En cuanto a los retrasos físicos y calendarios vencidos, argumentó que la obra acumula más de 500 díasde ampliaciones de plazo justificadas. Asimismo, dijo que la obra enfrentó una paralización inicial de 162 días (5 meses y medio) por falta de liberación de áreas para los accesos a la captación y la planta de tratamiento.
Respecto al marco legal del contrato, el representante del Consorcio Selva Perú aclaró que tiene medidas cautelares arbitrales dictadas por tribunales de centros arbitrales fuera de la región San Martin A la fecha, la contratista cuenta con dos medidas cautelares favorables dictadas el 11 de septiembre de 2026 y el 25 de septiembre de 2026, sumadas a una disposición de colaboración judicial ratificada por el Poder Judicial que requiere al PEAM acatar los mandatos arbitrales bajo apercibimiento de denuncias penales y sanciones pecuniarias.
Sobre las deficiencias estructurales en el acero de refuerzo señaladas por el órgano de control, Sánchez sostuvo que las observaciones técnicas se corrigen antes de los vaciados de concreto junto a la supervisión, aclarando que en las fotografías difundidas los muros aún no estaban ni encofrados ni vaciados. Respecto a los problemas identificados con la fuente de agua y los niveles de óxido de hierro, indicó que el caudal y la calidad hídrica corresponden a los estudios básicos desarrollados y aprobados por elPEAM, por lo que son responsabilidades atribuidas directamente al proyectista. Pese a haber buscado coordinaciones con la EPS Moyobamba y OTASS debido a deficiencias en la capacidad resolutiva de la supervisión de obra, el representante afirmó que la obra enfrenta un entrampamiento que ya cumple 30 días de paralización. Finalmente, cuestionó el accionar del director de infraestructura del PEAM, el Ing. Segundo Eloy Granda, a quien señaló de encabezar inspecciones de inventario irregulares los días 7 y 9 de octubre de 2026infringiendo mandatos judiciales cautelares vigentes.
La opacidad institucional con la que proceden las autoridades del PEAM y la Gobernación Regional de San Martín y los vacíos deja abierto el accionar difuso de la contratista que no solo deteriora la fe pública, sino que condena a la población de Moyobamba a padecer de un servicio elemental para la vida.
Si los funcionarios públicos persisten en rehuir el debate transparente, amparándose en el silencio e ignorando las instancias arbitrales y judiciales, la paralización de las inversiones estratégicas dejará de ser una disputa administrativa para convertirse en una vergonzosa muestra de indolencia oficial.
