“La Amazonía no pide caridad ni asistencialismo; exige las oportunidades y la justicia histórica que le corresponden” Samuel Dyer CEA 2026
Mientras el Estado mantiene una deuda histórica multimillonaria con el oriente peruano, más de un millón de emprendedores, autoridades y comunidades nativas se unen en un solo frente para exigir condiciones habilitantes, seguridad integral y un plan estratégico que transforme a la Amazonía en una potencia sostenible.
El desarrollo de la Amazonía peruana ya no puede seguir esperando respuestas ni fórmulas burocráticas concebidas desde los escritorios de Lima. En el marco del Séptimo Congreso de Emprendedores Amazónicos (CEA) 2026, la expectativa de más de un millón de pequeñas y medianas empresas (pymes) se siente con fuerza renovada. Tras la edición previa celebrada en Tarapoto, este encuentro marca un hito histórico al lograr que por primera vez la región actúe en absoluta unidad. Bajo el liderazgo del gremio empresarial, representado por el Consejo de Cámaras de la Amazonía Peruana, los emprendedores han articulado una alianza estratégica con la Mancomunidad de Gobernadores Amazónicos, alcaldes provinciales, la academia, colegios profesionales y las organizaciones representativas de las comunidades nativas. El empresario Samuel Dyer enfatiza que existe un verdadero despertar amazónico: la convicción colectiva de no depender de la caridad estatal, sino de tomar las riendas de su propio futuro y erradicar la postración que por décadas ha relegado a la región a lo largo de la historia republicana.
La urgencia de esta transformación se sustenta en cifras alarmantes que retratan un profundo abandono. Pese a representar el 62% del territorio nacional, la Amazonía apenas aporta entre el 4% y 5% del PBI del país y alberga a menos de 5 millones de habitantes. La fragilidad económica se refleja en un vertiginoso 92% de informalidad en las actividades empresariales, un escenario donde el tejido social sobrevive ante la ausencia del Estado en los rincones más alejados. Sin embargo, la mayor amenaza radica en el avance imparable de las actividades ilegales —como la minería ilegal, la tala indiscriminada de bosques y el narcotráfico— que destruyen la biodiversidad, contaminan los ríos con mercurio atentando contra la salud y los derechos humanos, violan la seguridad jurídica de la propiedad y destruyen la seguridad ciudadana y fronteriza. Ante este panorama, la prioridad absoluta expresada en el CEA 2026 es exigir al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República la creación inmediata de las condiciones habilitantes mínimas que permitan la atracción de inversiones lícitas y la competitividad territorial.
Para revertir este rezago estructural, Samuel Dyer detalla un conjunto de acciones estratégicas urgentes en diversos sectores clave:
Infraestructura y Conectividad Vial: Interconectar la Amazonía mediante la construcción de líneas férreas (trenes) como alternativa sostenible que reduzca los altísimos fletes terrestres a la mitad o a un tercio de su costo actual, bajando drásticamente el impacto del precio del petróleo.
Seguridad y Presencia del Estado: Restablecer el orden interno y la seguridad jurídica mediante una presencia efectiva de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para erradicar las economías ilícitas y blindar las fronteras de la delincuencia transnacional.
Seguridad Energética y Digital: Resolver de manera definitiva la brecha energética e interrupciones del servicio —críticas en regiones como San Martín— e implementar conectividad digital e internet de alta velocidad para dinamizar el comercio y la educación.
Sostenibilidad, Restauración y Agroindustria: Aprovechar las áreas deforestadas para restaurar bosques y promover la reforestación, prohibiendo la deforestación de nuevas áreas. Fomentar el agro con valor agregado en cadenas de valor como el cacao, la piscicultura, la ganadería intensiva moderna (pasando de 1 vaca por hectárea a 50) y la producción de madera cultivada con certificación internacional.
Biodiversidad y Turismo Sostenible: Posicionar en el mercado global los superalimentos e insumos autóctonos como el aguaje, cocona, umarí y camu camu, impulsando en paralelo el ecoturismo de clase mundial para competir con destinos emblemáticos como el Cusco.
Financiamiento e Innovación: Facilitar el acceso a líneas de crédito blando, ciencia, tecnología y regímenes tributarios y laborales especiales adaptados a la realidad de la micro y pequeña empresa.
Una de las demandas centrales que resonará firmemente en la formulación de la Declaratoria de Ucayali es el reclamo formal por la deuda multimillonaria del Estado Peruano con la Amazonía. A pesar de que en 1998 se promulgó la Ley de Promoción de la Amazonía Peruana durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, esta normativa fue incumplida sistemáticamente, omitiendo la transferencia del 10% del presupuesto de ocho ministerios que debía nutrir un fideicomiso destinado a cerrar brechas de infraestructura y energía.
Tras casi 30 años de tiempo perdido, el congreso busca sostener un diálogo propositivo con el Poder Ejecutivo y autoridades nacionales, contando en sus sesiones con la presencia de cinco ministros de Estado, la confirmación del presidente del Congreso y una conferencia magistral a cargo de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La meta de este frente común no es la protesta política ni la disputa ideológica, sino la consolidación de un Plan Estratégico Nacional a 30 años que transforme a la Amazonía en la «Suiza peruana».
“Ningún gobierno desde Lima vendrá a resolver lo que nosotros no seamos capaces de construir. La Amazonía tiene el potencial para convertirse en la región más próspera, bella y productiva del Perú, y el mensaje para cada uno de los amazónicos es claro y rotundo: nadie lo hará por nosotros, hagámoslo nosotros mismos.”
