Proteger la vida de los escolares frente a las lluvias intensas no admite respuestas parciales ni demoras burocráticas que pongan en peligro el futuro de la región.
Ante un inminente escenario de lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño (FEN), la Contraloría General de la República advirtió que la seguridad y salud de los estudiantes de las instituciones educativas El Inca y José Luis Purizaca Aldana se encuentran en grave riesgo debido a múltiples deficiencias identificadas en su infraestructura y servicios básicos.
Según detallan los Informes de orientación de oficio emitidos tras las evaluaciones del 10 al 18 de setiembre del 2026 y del 11 al 21 de setiembre del 2026 en los centros poblados El Inca y Los Ángeles, ambos planteles presentan serios problemas como filtraciones, humedad, fisuras, grietas en muros y techos, techos sin canaletas, ambientes sin cielo raso, instalaciones eléctricas inadecuadas y servicios higiénicos inoperativos.
Aunque la Unidad de Gestión Educativa Local de Moyobamba y la Dirección Regional de Educación de San Martín intentaron mitigar la situación con reparaciones parciales y evaluaciones para proyectos bajo el mecanismo de obras por impuestos, el Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Educación de San Martín alertó que estas medidas continúan «sin acciones» que garanticen una corrección integral de los riesgos identificados. Ante este panorama, los plazos para implementar las acciones correctivas vencen el 2 de noviembre de 2026 para el colegio El Inca y el 6 de noviembre de 2026 para el plantel José Luis Purizaca Aldana.
Repercusiones legales y administrativas por incumplir los plazos de la Contraloría
Responsabilidad Administrativa Funcional: Los funcionarios y directivos de la UGEL Moyobamba y la Dirección Regional de Educación de San Martín que omitan corregir las deficiencias expuestas pueden ser sometidos a un Procedimiento Administrativo Disciplinario. Las sanciones van desde la suspensión temporal hasta la destitución e inhabilitación para ejercer la función pública, conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control (Ley N.° 27785).
Responsabilidad Civil: Si la falta de intervención oportuna frente a los daños estructurales genera un perjuicio económico al Estado, los responsables pueden enfrentar procesos judiciales orientados al resarcimiento económico por los daños causados al erario público.
Responsabilidad Penal: En un escenario crítico donde las advertencias de la Contraloría sean ignoradas y ocurran accidentes o colapsos estructurales durante las lluvias del Fenómeno El Niño (FEN) que afecten la vida o la salud de los escolares, los funcionarios implicados podrían ser investigados por delitos como omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, además de responsabilidades penales culposas ante negligencias comprobadas.
Elevación a Informes de Control Posterior: La Contraloría puede pasar de una advertencia preventiva a un control específico con individualización de responsabilidades, derivando los actuados directamente a la Procuraduría Pública especializada para el inicio de acciones legales penales y civiles.
La seguridad de nuestros niños no puede negociarse ni postergarse. Es imperativo que las autoridades competentes asuman un compromiso real y urgente para transformar las advertencias de la Contraloría en obras efectivas que garanticen escuelas seguras y dignas frente al embate de la naturaleza.
