La falsificación de avales técnicos y la presunta colusión en las altas esferas gubernamentales ponen bajo la lupa la transparencia en la ejecución de infraestructuras clave para la Amazonía peruana.
Un nuevo y grave escándalo de corrupción e irregularidades administrativas remece las altas esferas del aparato estatal en la Amazonía, tras salir a la luz una severa denuncia penal interpuesta formalmente ante la Fiscalía Anticorrupción de Loreto con sede en la ciudad de Iquitos.
La profesional de la arqueología Ada Lizet Tello Gutiérrez interpuso una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, falsedad ideológica y otros ilícitos que resulten de la investigación, tras haber sido víctima de la suplantación de firma en proyecto de aeródromo en Yurimaguas. La acción legal se encuentra dirigida contra altos funcionarios y personal técnico clave del aparato público, figurando entre los denunciados la abogada Paola Mariella Marín Ugarte, en su condición de directora de la Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y la arqueóloga Nudry Ceshia Montoya Calixto, en su calidad de exdirectora del Ministerio de Cultura.
De acuerdo con el documento oficial elevado alMinisterio Público, se habrían fraguado informes e instrumentos técnicos utilizando la identidad de la profesional sin su consentimiento para destrabar o validar los permisos del proyecto aeroportuario enYurimaguas, vulnerando gravemente la fe pública y el marco normativo de protección patrimonial y de infraestructura aeronáutica del Estado peruano. Este preocupante episodio no solo saca a relucir la vulnerabilidad de los procedimientos administrativos institucionales, sino que expone el grado de descomposición de una burocracia dispuesta a torcer la ley para acelerar inversiones sin el debido rigor técnico.
Cuando la fe pública y la ética profesional se quebrantan desde las propias oficinas ministeriales, se hipoteca la seguridad de las obras públicas y se defrauda la confianza de los pueblos amazónicos que exigen un desarrollo honesto y transparente. Fuente: Lima Gris.
