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El caso de la provincia de Rioja ilustra con claridad una compleja maquinaria, los desafíos para una mejor ejecución presupuestal Municipal

Un análisis sobre cómo la disponibilidad de millones de soles bajo el marco deInvierte.pey el MEFchoca contra la realidad técnica, operativa y social de la provincia, demostrando que gastar bien importa mucho más que simplemente gastar rápido.

La gestión de los recursos públicos en el Perú suele arrastrar una premisa equivocada: asumir que tener dinero asignado equivale automáticamente a transformar la realidad de los ciudadanos. Bajo los lineamientos del Ministerio de Economía y Finanzas y el sistema administrativo Invierte.pe, la experiencia demuestra que los millones disponibles en papel se diluyen con frecuencia en el laberinto de la burocracia, los expedientes deficientes y los conflictos sociales.

El caso de la provincia de Rioja ilustra con claridad esta compleja maquinaria: según reportes oficiales del MEF (a través de su Banco de Inversiones y el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, con corte al 18 de noviembre de 2026), esta jurisdicción cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 378,6 millones. Si bien el avance presupuestal global de las entidades con sede en la provincia alcanza un 81,2%– ubicándose4,1 puntospor encima del promedio nacional -,detrás de ese porcentaje aparentemente alentador se esconde una realidad fragmentada: existen S/ 47,9 millonesque ya tienen contrato firmado, pero aún no logran devengar un solo sol, además de S/ 11,6 millonesde recursos ordinarios en grave riesgo de revertir alTesoro Públicoal cierre del año fiscal.

Para que este presupuesto se traduzca en bienestar tangible, la prioridad de inversión debe responder estrictamente al cierre de brechas de infraestructura y servicios básicos, dejando atrás los pedidos políticos aislados. Las métricas oficiales del Programa Multianual de Inversiones (PMI) reflejan que las necesidades en Rioja son urgentes y múltiples. A nivel sectorial, el rubro de Transporteconcentra la mayor asignación conS/ 92,1 millones (con un 74,8% gastado), distribuidos en 5 brechas y 21 proyectos por concluir, mientras que Agua y saneamientomaneja S/ 45,7 millonescon apenas un66,6%de ejecución, evidenciando11 brechas y 31 obras aún pendientes.

Esta lentitud en servicios básicos contrasta con indicadores sociales críticos: la desnutrición crónica infantil golpea a un 14,5% de los niños en la provincia (ubicándola en el 6.º lugar de 10 provincias) y alcanza picos alarmantes como el 18,0% en el distrito de Elías Soplín Vargas, el más afectado de toda la jurisdicción.

Sin embargo, el avance de estos proyectos suele estancarse en una trampa recurrente: la falta de madurez técnica y saneamiento físico-legal. Muchas obras prometedoras se paralizan porque se presupuestan sin tener predios inscritos a nombre del Estado en la SUNARP, sin licencias ambientales o sin las autorizaciones previas de entidades como la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Cuando los estudios de preinversión fallan, se dispara inevitablemente latasa de adicionales de obra, superando el margen saludable del 5% al 10% sobre el monto original.

El territorio riojano muestra este contraste en tiempo real: mientras el proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarilladoen la localidad deNaranjos (distrito dePardo Miguel, ejecutado por su municipalidad distrital con un PIM de S/ 21,0 millones) registra un sólido avance físico del 85,0% y un gasto del 69,5%, otras obras como el Mejoramiento del Sistema de Riego La Unión enNueva Cajamarca avanzan con evidente lentitud, alcanzando apenas un 44,4% de ejecución sobre un presupuesto de S/ 7,3 millones.

A este obstáculo técnico se suma la limitada capacidad operativa interna de las áreas municipales, donde las Unidades Formuladoras (UF), las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) y las oficinas de logística actúan muchas veces como cuellos de botella en los procesos de selección del SEACE. Aunque en Rioja restan S/ 71,1 millones por gastar en apenas 43 días y la proyección oficial apunta a cerrar el año en un 94,1% si se mantiene el ritmo actual, el SIAF advierte que todavía existen S/ 3,9 millones que ni siquiera cuentan con certificación presupuestal, reflejando rezagos administrativos internos que amenazan la eficiencia del gasto.

Más allá de la inauguración, persiste un factor frecuentemente olvidado: la sostenibilidad financiera y los costos de operación. Cada infraestructura entregada exige recursos permanentes para mantenimiento, personal, insumos y energía eléctrica, gastos que la municipalidad debe cubrir con ingresos propios como el FONCOMUN o los Recursos Directamente Recaudados (RDR). Sin un equilibrio saludable entre el gasto corriente y los ingresos propios, los municipios corren el peligro de crear «elefantes blancos» que terminan desfinanciando otros servicios esenciales de la ciudad. Finalmente, ninguna obra puede sostenerse sin licencia social y gobernabilidad: el incumplimiento de los acuerdos del Presupuesto Participativo, las disputas entre distritos y la oposición vecinal detienen proyectos enteros. Todo ello ocurre en un entorno donde la seguridad ciudadana también exige atención urgente, con una tasa de extorsión en Rioja que trepa a 30,6 casos por cada 100 mil habitantes, superando incluso el promedio registrado en toda la región San Martín (21,6 en 2025).

En última instancia, la ejecución presupuestal en Rioja no puede reducirse a una simple carrera burocrática contra el reloj para evitar que el dinero regrese alTesoro Público; es, ante todo, una prueba de gobernabilidad y justicia social, pues cada sol que se queda atrapado en el papel o en un expediente mal hecho representa agua que no llega a un hogar, un niño que sigue expuesto a la desnutrición y una oportunidad perdida para cerrar las brechas históricas que frenan el verdadero desarrollo de la provincia.

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