Desde que se crea la Universidad Nacional de San Martín, producto de grandes jornadas de protesta de muchos líderes sociales que hoy ya no están, pero que gracias a la entrega total que apostaron para que se crea este primer escenario académico universitario, muchas promociones pasaron a desempeñar en la sociedad las carreras que estudiaron; pero también, interpretando las autoridades la famosa “autonomía” universitaria bajo el régimen de sus propios intereses personales, cuántos egresados se vieron “favorecidos” cuando los títulos que recibían no eran producto de sus esfuerzos y sacrificios académicos, sino únicamente producto del buen postor, es decir, tanto pagaba aquel supuesto profesional, y tanto valía su ilegítima carrera, por el título comprado.
Si desde el 2010 hasta el 2011 se iban creando una universidad por semana, sin la infraestructura, sin docentes y sin el equipamiento necesario, ya se perfilaba el trasfondo de las intenciones que iban teniendo los responsables “académicos” y políticos de aquel entonces, que no les interesaba la educación tal como conocemos como la formación integral del estudiante en todas sus áreas sociales y personales, simplemente era la fachada de una formación académica, pero el cadáver de la corrupción se carcomía por dentro.
Los rectores a través de la anterior y fenecida ley universitaria, santificadas en sus propias “autonomías”, se vieron de la noche a la mañana amasados con altas fortunas de una manera ilícita y que la sociedad no lograba ver más que los discursos de ceremonia que se predicaba de la boca hacia fuera un discurso desdibujado e hipócrita, utilizando al estudiante como la legítima conquista de sus botines, quienes buscando conseguir el título de una manera fácil, eran también los corruptos al comprar sus títulos sin medir que el grado académico tiene un alto costo económico, pero legítimo; no obstante, no tomaron en cuenta que el más alto costo, es el esfuerzo, el sacrificio, la perseverancia, el sufrimiento y la voluntad. Valores estos, que sobrepasa cualquier costo o limitación económica.
Todas estas aseveraciones salían de una manera bastante cuestionada de parte del congresista Daniel Mora Zevallos, la semana pasada, quien manifestó además que la Universidad de San Martín, no se halla libre de todos estos cuestionamientos, siendo los más visibles el enriquecimiento ilícito de algunas de sus autoridades, y quien sabe cuántos títulos se vendieron al por mayor y menor como una barata mercadería.
La congresista Esther, siempre en estos menesteres a dado la cara para demostrar su indignidad frente a casos como estos; reconocerla también a la profesora Lucinda Vásquez como presidenta del Frecides, quienes seguían de cerca estas luchas por quedarse en el cargo frente a dos rectores, Julio Ríos y Aníbal Quintereos, aunque éste último tiene ya el visto bueno de las autoridades del legislativo, el primero seguirá seguramente con su brazo a no torcer. ¿Aferrarse tanto al cargo? Esto lógicamente no es gratuito. Debe investigarse a fondo estos entuertos de luchas internas, y que esta primera casa superior de estudios, sea desde sus orígenes, lo que siempre quiso ser: la vanguardia del saber, la investigación y la exhibición de sus valores como una institución modelo a nivel universitario.
De los 17 principios que manifiesta la actual Ley(30220) Universitaria, rescato dos principios que generalizan la razón de las universidades y que reportan las competencias tanto para los estudiantes, cuyo artículo indica el interés superior del estudio de aquél y para las autoridades universitarias indica el gran deber a demostrar en todo momento su ética pública y profesional.
Y si le agregamos el principio de la “búsqueda y la difusión de la verdad”, más el principio de la “calidad académica” y “autonomía”. Con estos principios, sobre todo con la primera, tienen la imperiosa obligación moral las actuales autoridades con esta nueva Ley, de ser los principales interesados que se investigue todo el activo y pasivo desde sus orígenes de esta Universidad de San Martín, y que no haya lavados de mano y ni mucho menos borrón y cuenta nueva.
Ojalá que ahora se entienda que el principio de la autonomía que aún se mantiene, sea de exclusiva competencia para las gestiones y la competitividad académica y de investigación; de lo contrario… ¿Seguirá existiendo autonomía para enriquecerse ilícitamente?