El departamento de San Martín, conocido por su biodiversidad y frondosos bosques, enfrenta una nueva amenaza: la creciente expansión de concesiones mineras. Según información del Ministerio de Energía y Minas, en esta región existen actualmente 525 concesiones mineras, de las cuales 34 se ubican en el distrito de Tabalosos, una zona con valiosos ecosistemas aún intactos.
Si bien la minería es legal y cuenta con un marco regulatorio en el país, cabe preguntarse si estas concesiones, otorgadas por el gobierno de Dina Boluarte a empresas como Hannan Metal Perú S.A.C., están adecuadamente supervisadas para garantizar que los bosques no sean destruidos en el proceso. La compañía Hannan, que ha invertido 4.2 millones de soles en la etapa de exploración del proyecto «San Martín», tiene como objetivo realizar perforaciones profundas, construir accesos y hasta plataformas de helicópteros en la zona. Este tipo de actividades, aunque amparadas por la normativa, podrían generar un impacto irreversible en los ecosistemas locales si no se controlan con rigurosidad.
La concesión minera afecta zonas dentro de la cuenca del río Mayo, vital para la supervivencia de diversas especies y comunidades locales que dependen del agua para su subsistencia. A pesar de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) fue aprobada en enero de 2024, la aprobación de estos proyectos sigue generando controversia. ¿Estamos ante un proceso debidamente fiscalizado o simplemente frente a la autorización de actividades que podrían tener un efecto devastador sobre uno de los pulmones verdes de la Amazonía peruana?
La preocupación parte también del despacho congresal de Cheryl Trigoso, parlamentaria por San Martín, desde donde se está advirtiendo que con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental a favor de la minera de minera de capitales canadienses-japoneses Hannan Metal, eso porque se estarían seriamente afectando a comunidades a quienes se pone en riesgo por la falta de protección efectiva.
Son los caseríos de Pucayoc y Cinchiyacu, en Tabalosos, donde la minera ha centrado sus actividades, pertenecen a familias que no cuentan con constancias de posesión formal de sus tierras. Esto las coloca en una situación de vulnerabilidad ante grandes empresas extranjeras que, con la venia del Estado, avanzan sin tomar en cuenta las posibles afectaciones a sus modos de vida. ¿Acaso el Estado y las empresas mineras están ignorando el impacto social de estos proyectos?
Por su parte, algunas autoridades locales han tratado de oponer resistencia. Los municipios distritales de Tabalosos y Soritor han aprobado ordenanzas que restringen las actividades mineras, intentando así proteger sus recursos naturales. Sin embargo, las preguntas persisten: ¿es suficiente la acción local cuando el Gobierno central otorga licencias sin considerar plenamente los riesgos ambientales y sociales?
Vale precisar que, el proyecto de exploración minera “San Martín”, se ubica dentro de seis concesiones mineras de titularidad de Hannan: “Tabalosos 1008, Tabalosos 1009, Tabalosos 1010, Tabalosos 1011, Tabalosos 1012 y Tabalosos 1013”. Será ejecutado sobre terrenos que pertenecen al Estado Peruano, ubicados en los caseríos de Pucayoc y Cinchiyacu, cuyos pobladores están como posesionarios, pero no cuentan con la constancia de posesión del predio rústico donde viven.
Responsabilidad compartida y futuro incierto
Es innegable que el Perú tiene un marco legal que regula la minería, como lo establece la Ley General de Minería y sus decretos complementarios. Sin embargo, la gran preocupación radica en la implementación de estos marcos y en la fiscalización de las actividades mineras. ¿Cómo garantizar que la minería no termine siendo un agente destructor de los bosques amazónicos? Hasta la fecha, Hannan Metals ha recibido observaciones por parte del Ministerio de Energía y Minas, pero estas observaciones pueden ser subsanadas, lo que significa que el avance del proyecto es inminente, gracias al propio Estado.
Lo que está en juego no es solo la explotación de recursos minerales, sino la preservación de uno de los ecosistemas más frágiles y ricos del planeta. La minería, aporta económicamente, no debería ser vista como una vía de desarrollo a costa del sacrificio del medio ambiente. Es crucial que las autoridades, las empresas y la sociedad civil actúen con responsabilidad y transparencia para evitar que estos proyectos dejen una cicatriz irreversible en los bosques de San Martín. El tiempo para actuar es ahora, antes de que el daño sea irreparable.