En conversatorio nacional realizado por el JNE y el Colegio de Abogados de Lima
Juristas, expertos electorales y representantes de instituciones públicas debatieron sobre el marco normativo y las experiencias internacionales en ese ámbito
El presidente del organismo electoral, Jorge Luis Salas Arenas, refirió que este es un tema trascendente que connota una deuda que el país tiene con tales ciudadanos
En un conversatorio nacional impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Colegio de Abogados de Lima (CAL), juristas, expertos electorales y representantes de instituciones públicas analizaron la propuesta legislativa de la entidad electoral que apunta a materializar el ejercicio del derecho al sufragio de las personas privadas de la libertad sin condena firme.
Durante la jornada, realizada el jueves 3 y viernes 4 de octubre en el auditorio principal del CAL, representantes del JNE, Instituto Nacional Penitenciario, Defensoría del Pueblo y del gremio profesional reflexionaron sobre la realidad de miles de ciudadanos que encontrándose en situación de prisión preventiva han sido despojados de un derecho que es suyo por naturaleza: el derecho a votar.
Igualmente, especialistas en derecho electoral analizaron y comentaron la iniciativa legislativa del JNE, que fue fruto del trabajo de la comisión presidida por el miembro del Pleno de la institución, Willy Ramírez Chávarry.
El enfoque normativo del derecho al voto de las personas privadas de su libertad también fue motivo de análisis del conversatorio, así como la legislación comparada, con las intervenciones de especialistas del JNE, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y del Consejo Nacional Electoral del Ecuador.
Durante la inauguración del evento, el presidente del organismo electoral, Jorge Luis Salas Arenas, expresó su confianza en que como resultado de este debate se tendrán las directrices esenciales para que el derecho al sufragio de las personas privadas de su libertad sea por fin una realidad en el Perú.
Señaló que este no es cualquier tema, sino uno trascendente que connota una deuda que tiene el país, porque la Constitución y las leyes no prohíben el derecho al voto de los ciudadanos que transitoriamente están privadas de libertad.
Además, agregó, es pertinente absolver qué se debe hacer con las personas que han sido detenidas el día anterior o los dos días anteriores de la realización del acto de sufragio.
Por su parte, Ramírez Chávarry manifestó que no se trata solo de un tema técnico o jurídico, sino profundamente humano y de justicia. “Estamos aquí para hablar sobre el valor más esencial en una democracia: el respeto a los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos sin excepción; entre estos derechos destaca el derecho al sufragio, que es la expresión más pura de la participación ciudadana, el medio por el cual todos ejercemos nuestra voz en la construcción de la sociedad en la que vivimos”, anotó.
Subrayó que el principio de presunción de inocencia es uno de los pilares más fundamentales del estado de Derecho, “privar del derecho al voto a una persona que aún no ha sido juzgada y condenada va en contra de la esencia misma de este principio. ¿Cómo podríamos llamar democracia a una sociedad que margina a quienes aún no han sido encontradas culpables de un delito?”, enfatizó.
El magistrado indicó que resulta urgente innovar las leyes a fin de incorporar a dicho sector a la vida democrática nacional. En ese sentido, dijo que la propuesta legislativa de la comisión que preside busca recoger las experiencias de países latinoamericanos y adaptarlas al contexto de nuestro país. Citó como ejemplo a Bolivia donde la ciudadanía se suspende solo si la sentencia contempla tal suspensión.
Además, subrayó que la Constitución Política establece claramente que la ciudadanía se suspende por sentencia condenatoria firme, y que el sufragio como derecho fundamental está protegido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos de los cuales el Perú es signatario. En este sentido, dijo que el Estado peruano está incumpliendo ambos instrumentos internacionales.
Ramírez Chávarry precisó, asimismo, que la propuesta es que el sufragio de los internos sin condena firme se implemente inicialmente solo en distrito electoral único y que se avance de manera progresiva.