El gobierno de Brasil suspendió la cooperación jurídica internacional con Perú en las investigaciones vinculadas a la operación Lava Jato, específicamente en los casos relacionados con la constructora Odebrecht (ahora Novonor). La decisión fue tomada por la Secretaría Nacional de Justicia (SNJ) luego de que autoridades peruanas utilizarán pruebas que fueron anuladas por la justicia brasileña debido a irregularidades procesales, según informó el diario O Globo.
Fuentes oficiales brasileñas señalaron que Perú habría hecho uso de documentos y declaraciones invalidadas en Brasil, lo cual vulnera los acuerdos internacionales de asistencia legal, sustentados en el principio de reciprocidad y validez jurídica de las pruebas compartidas. Esta situación habría generado desconfianza en las instituciones jurídicas brasileñas.
La medida golpea directamente las investigaciones peruanas sobre sobornos, lavado de activos y corrupción, ya que Brasil ha sido una fuente clave de información para la Fiscalía peruana y otras fiscalías de la región.
Desde el Ministerio Público, el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, defendió la legalidad de las pruebas utilizadas y anunció que se presentarán argumentos para respaldarlas. “Desde el Ministerio Público vamos a defender el trabajo realizado en las investigaciones relacionadas con Odebrecht. Las pruebas recopiladas tienen sustento legal y han sido admitidas en los procesos judiciales en Perú«, afirmó.
Especialistas advierten que la suspensión podría complicar futuras extradiciones, el intercambio de información y las investigaciones conjuntas, particularmente en casos emblemáticos como los de los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, todos vinculados al escándalo de Odebrecht.