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martes, junio 18, 2024
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Casi 30 casos de violencia contra la mujer terminaron en feminicidios por negligencia de los CEM en 5 regiones

Un informe de la Contraloría revela que los Centros de Emergencia Mujer no cumplieron con sus labores de manera eficiente, lo que dejó desprotegidas a mujeres que terminaron asesinadas. De estas, 14 fueron víctimas de feminicidio a menos de un año de haber acudido por ayuda.

M.A.C.C. tenía 21 años cuando su conviviente de iniciales M.E.T.H. la asesinó, a solo 24 días de que la joven denunciara la violencia física y psicológica que sufrió ante el Centro de Emergencia Mujer (CEM) de la comisaría de Uchuglla, en San Martín. El caso fue determinado de riesgo severo por el psicólogo, ya que, además de las agresiones, la víctima no contaba con redes de apoyo y se vio obligada a dejar su hogar.

A pesar de la grave situación, el personal del CEM no elaboró un plan de seguridad, tampoco el plan de atención, ni coordinó el ingreso de la joven a un hogar de refugio temporal, y mucho menos hizo el seguimiento respectivo. Ante el desamparo de las autoridades que debían protegerla, esta mujer fue víctima de feminicidio. El lamentable desenlace de M.A.C.C. es parte de los 28 casos que identificó la Contraloría en la auditoría que realizó a los CEM de Cajamarca, San Martín, Cusco, Lima y Callao entre el año 2021 y 2022.

Así, casi el 12% de los feminicidios a nivel nacional entre el 2021 y el 2022 fueron, en parte, responsabilidad de la ineficiencia en la prestación de servicios de estos centros. Como consecuencia, de los 28 casos, 14 terminaron en feminicidio tras menos de un año de haber acudido por ayuda a los CEM.

A nivel nacional se han registrado 712 feminicidios y 1.554 tentativas solo en los últimos cinco años, de acuerdo a cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

En tanto, los CEM han reportado alrededor de 750.000 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en el mismo periodo, mientras que, en los últimos dos años, estos han registrado poco más de 71.000 casos solo en las regiones mencionadas.

Los CEM son servicios públicos especializados que brindan atención integral para contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de violencia familiar y sexual está a cargo del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Aurora del MIMP.

La abogada Brenda Álvarez, de la asociación Proyecta Igualdad, explica que el Estado tiene responsabilidad en la ocurrencia de estos feminicidios, puesto que pudieron ser evitados a través de una intervención oportuna de los CEM, pero —como no se cumplieron las obligaciones que correspondían— estas mujeres ahora ya no se encuentran con nosotros. “No estamos hablando casos en los que el CEM no haya conocido de las situaciones de violencia, estamos frente a casos en los que el Estado intervino a través del CEM, lo que hizo fue insuficiente y, finalmente, terminó en la muerte de estas mujeres”, lamenta.

La auditoría revela que se encontraron diferentes motivos que dejaron a estas mujeres a su suerte, entre ellos figuran casos en los que no se evaluó adecuadamente el riesgo de las víctimas, no se elaboró un plan de seguridad y de atención, no se las derivó a un hogar de refugio temporal o centro de salud para tratamiento psicológico, no se aplicó un adecuado patrocinio legal ni se realizó el seguimiento y evaluación del caso en los plazos previstos. En seis de estos, no se aplicó ninguno de los procedimientos mencionados.

Tras estas omisiones, el documento concluye que la falta de estas actividades no permitió cumplir con la finalidad del servicio de atención integral en los CEM, lo que dejó desprotegidas a las víctimas ante posibles hechos de violencia, los cuales, efectivamente, ocurrieron nuevamente y terminaron en feminicidios.

Problemas estructurales en la lucha contra la violencia hacia las mujeres

La especialista sostiene que el Programa Nacional Aurora, encargado de los CEM y los servicios de atención a la violencia, tiene un problema estructural por diferentes factores. Uno de ellos es que los servicios no son diseñados de forma adecuada, debido a que no han sido planificados con base en evidencia.

Existen cuatro factores, según la abogada, como el estrés laboral crónico, salarios que no van acorde a la carga de trabajo, ausencia de acompañamiento psicológico —tomando en cuenta que los casos de violencia no son sencillos de llevar— y la lentitud en los procesos de convocatoria.

“Al tener una alta carga se sacrifica la calidad y, en estos casos, la calidad de la atención tiene efectos graves como, por ejemplo, que estos puedan terminar en feminicidios”, resalta Álvarez.

Además de la carga, la supervisión de la Defensoría también mencionaba la necesidad de capacitar al personal con relación a aspectos vinculados a género y violencia, así como la contratación de personas que hablen el idioma nativo de las y los usuarios, sobre todo en zonas de sierra y selva.

Cabe precisar que, para este año, este ministerio ha destinado poco más de S/210.000.000 para los servicios especializados e interdisciplinarios, que incluyen dimensiones legales, sociales y psicológicas que cooperan al proceso de búsqueda de acceso a la justicia para casos de violencia contra las mujeres, de alrededor de 255.000.000 dedicados a los productos específicos para reducción de la violencia contra la mujer.

La abogada insiste que el problema va más allá de los equipos incompletos porque la responsabilidad alcanza a las altas direcciones e, incluso, a la propia ministra. “Si como director o directora no te aseguras de que todos los equipos técnicos estén completos, ¿qué tipo de servicio están ofreciendo a las víctimas de violencia? No estás ofreciendo un servicio idóneo que pueda ayudarles y permitirles evitar que los hechos de violencia se sigan incrementando”, concluye.

La violencia contra las mujeres tiene tal magnitud, que la Organización Mundial de la Salud la ha declarado un problema de salud pública mundial de proporciones pandémicas.

Las últimas estimaciones globales indican que alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual a manos de su pareja o violencia sexual a manos de terceros en algún momento de sus vidas.

Los datos más duros corresponden al número de mujeres asesinadas intencionadamente, concretamente, 87.000, según datos de 2017; un tercio de ellas, a manos de su pareja o expareja.

A nivel de América Latina, en 2022 los datos señalaron al menos 5.652 mujeres asesinadas; y que cerca del 12% de mujeres de entre 15 y 49 años, aproximadamente 19,2 millones, fueron víctimas de violencia física o sexual a manos de su compañero íntimo actual o anterior.

Estas cifras se han elevado como consecuencia de las medidas de confinamiento adoptadas ante la pandemia por COVID-19 y los datos confirman un aumento en las denuncias de violencia contra las mujeres en todo el mundo, y especialmente de las denuncias por violencia ejercida por la pareja, que han llegado incluso a duplicarse en algunos países.

En la selva peruana

Es necesario evidenciar esta aguda problemática en zonas rurales de manera particular. Los pocos estudios que se han realizado en ellas, han demostrado que una de las características principales es la deficiencia en la atención de los casos, así como la desarticulación de las instituciones llamadas a enfrentarles, sostiene la Defensoría del Pueblo

Además, según el mismo documento, las mujeres que viven en estas zonas rurales de la amazonia se ven afectadas por las tradiciones, costumbres y prácticas machistas, que mantienen la situación de discriminación y violencia contra ellasEs una suplicante realidad que las mujeres de zonas rurales se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en comparación con sus semejantes de zonas urbanas. Con esa mirada y teniendo en cuenta las barreras socio-culturales, lingüísticas y económicas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) aprobó una propuesta de intervención rural, “Estrategia de Prevención, Atención y Protección frente a la Violencia Familiar y Sexual en Zonas Rurales”. A través de ella, se busca combatir la violencia familiar y sexual mediante el trabajo articulado y multisectorial con los distintos actores y agentes, tanto estatales como de las diversas comunidades en la selva.

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