Fin de semana movido en Juanjuí
Puente Tarata en espera…
Para poner en contexto la situación en Juanjuí es necesario clarificar el panorama y poner en contexto los hechos para no caer en improvisaciones que traban el desempeño del estado y no dejan avanzar.
En la provincia de Mariscal Cáceres, luego de los desmanes producidos, que llegaron hasta el incendio de unidades de la PNP y de Serenazgo, se instaló una Mesa de Diálogo el 2014, presidida por el Gobierno Regional de San Martín.
A finales del 2016, se instala una Mesa Técnica de la provincia, esta vez presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros, representado por el Comisionado José Antonio Caro Meléndez.
En esta Mesa Técnica, se aprobaron 17 demandas, cuyos compromisos tuvieron complimiento en el tiempo (Reciclado de la carretera Picota Caspizapa; Asfaltado de la carretera Campanilla Puente Pizana entre otros), quedando a la fecha cinco demandas: Puente Tarata, Vía de Evitamiento, Aeropuerto Juanjui, Hospital MINSA y Hospital ESSALUD). Según la información que facilitó en su participación pública, el Comisionado PCM Caro Meléndez, estos cinco compromisos tienen garantía de financiamiento y ejecución.
Dentro de estos compromisos, está el Puente Tarata, una obra que ha generado una serie de incertidumbres; escándalos mediáticos sobre una supuesta organización criminal operada desde palacio de gobierno, lo que a la fecha es materia de investigación judicial.
El expediente técnico se aprobó en octubre 2020, por lo que se tuvo que conseguir presupuesto para el proceso de licitación que se produce en el 2021, cuyo contrato se tuvo que resolver por los supuestos actos de corrupción.
En el año 2022, el MTC presento a la población de Mariscal Cáceres, cinco cronogramas, cumpliéndose el último, cuya licitación ha sido declarada desierta.
Se tuvo que resolver el contrato con la empresa supervisora, que la actual gestión del MTC, verificó que, la dirección que consignaba la empresa era de una botica. Además, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Descentralizado, anuló el contrato de supervisión de la obra Puente Tarata, cuya ejecución estaba sin efecto desde hace un año debido al escándalo que se destapó durante el gobierno de Pedro Castillo por la intervención de la lobista Karelim López.
Además, se conoce que El Consorcio Supervisor Tarata, que suscribió el contrato en octubre del 2021 por S/14 millones 451 mil 411, seguía cobrando pese a que ninguna empresa está construyendo el proyecto ubicado en la región San Martín. Pero hay más. En un informe de la Contraloría, emitido en octubre del 2022, se indica que el consorcio supervisor -integrado por Dohwa Engineering Co. LTD. Sucursal Perú y Carlos Ferández Casado S.L. Sucursal del Perú- no presentó la documentación exigida para la licitación.
Y lo más grave es que la empresa tiene como apoderado a Jorge Contreras Montoya, un empresario vinculado a la familia Pasapera que formaba parte del consorcio Puente Tarata III con su compañía Termirex. Para mayores luces, Termirex es la firma que representaba Karelim López cuando fue descubierta ingresando a la casa del pasaje Sarratea, en Breña, donde Pedro Castillo sostenía reuniones con funcionarios públicos y proveedores del Estado.
Ante los hechos
De acuerdo a la resolución directoral 01-2023-MTC, Provías tomó esta decisión al advertir la “transgresión” de la Ley contrataciones del Estado. Por eso mismo inició un proceso sancionador.
El último fin de semana: los hechos
El pasado viernes 17 se realizó la última reunión de la Mesa Técnica y sobre el Puente Tarata, tanto la Presidencia del Consejo de Ministros, como el Ministerio de Transportes informaron que, al siguiente día, es decir el pasado sábado -18.02.2023- se llevaría a cabo una reunión en Juanjuí donde se informaría los avances de segunda convocatoria a licitación de la obra, con la participación del Viceministro de Transportes y el Director Ejecutivo de PROVÍAS Descentralizado.
El sábado 18.02.2023 en horas de la mañana se llevó a cabo la tercera audiencia pública en el Colegio de Ingenieros de San Martín, en donde participaron el Viceministro de Transportes, el Director Ejecutivo de PROVÍAS Descentralizado, el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso de la República y sobre el caso Tarata solo se dijeron generalidades.
En esta audiencia que no era nada pública, participó el Comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros Caro Meléndez, quien expresó que, frente a las voces contrarias a la presencia de los congresistas de la República en la ciudad de Juanjuí, se firmó un acta de acuerdo, donde el FREDIP-Mariscal Cáceres, garantiza el clima de tranquilidad en la reunión de Juanjui. Indicó que, el pueblo de Mariscal Cáceres ha esperado pacientemente la ejecución de esta obra y que es impostergable cumplir con todas las acciones técnicas y legales para de una vez ejecutar esta obra. Sugirió que, la comitiva lleve una propuesta clara de hitos a cumplirse hasta la ejecución de la obra.
La comitiva en Juanjui
La comitiva, a pesar de la alerta, en la reunión de Juanjui se volvieron a las generalidades, lo que exaltó a los dirigentes y la sociedad civil, obligando al MTC a comprometerse a una reunión en Lima el 10 de marzo de 2023, con la presencia de la Ministra de Transportes y Comunicaciones y a una nueva reunión en Juanjuí, el 29 de marzo de 2023, donde se estaría informando todos los avances de la reunión del 10 de marzo de 2023.
“En Juanjuí la van a tener difícil si dicen lo mismo que está reunión”, advirtió el sábado el comisionado a la delegación- y eso precisamente se dio, por ello es que tal vez el funcionario advirtió “tienen que informar al menos fechas estimadas por lo menos de los actos preparatorios de la convocatoria” escuchamos en la reunión.
Destacar el civismo y voluntad de diálogo
Lo positivo que destacar es la voluntad de diálogo que existe en los dirigentes de la sociedad civil en San Martín, como una muestra de ello se suspendió la paralización indefinida con los acuerdos de Juanjuí, pero con una actitud vigilante de las reuniones de próximo marzo.