Un reciente reportaje dominical emitido por Cuarto Poder reveló que el partido Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, incluyó en sus listas para los comicios a 110 candidatos con sentencias penales, abarcando delitos de alta gravedad como homicidio calificado, violación sexual de menores y tráfico ilícito de drogas.

De acuerdo con la investigación periodística, de la cifra total de postulantes cuestionados, 8 aspiran a gobiernos regionales, 16 a alcaldías provinciales y 86 a alcaldías distritales, figurando también condenas por delitos de corrupción como peculado, colusión y malversación de fondos.

Entre los casos más alarmantes detectados en la región San Martín figuran Enrique Torres Montilla, candidato a la alcaldía distrital de Rumisapa, quien fue condenado a 18 años de prisión por el homicidio calificado del exalcalde Herman Alegría Tuesta ocurrido en el año 2005, además de habérsele impuesto el pago de 15.000 soles de reparación civil.

Asimismo, en el distrito de Caspizapa se identificó a Carlos Vigo, candidato a regidor con una sentencia por violación sexual a una menor de edad que omitió declarar adecuadamente en su hoja de vida, y a Saturdino Yanayaco Cagallaza (‘Shatuco’), quien registra una condena de seis años de prisión efectiva por tráfico ilícito de drogas dictada por el Primer Juzgado Penal de Piura, sumada a otra por peculado.

La presencia de postulantes con condenas por delitos graves en las listas electorales evidencia los profundos vacíos de los filtros partidarios y pone en riesgo la legitimidad de las futuras autoridades locales. Los partidos políticos, ¿deberían asumir responsabilidad directa por incluir a candidatos con sentencias graves?