La decisión de hacer la revolución judicial en nuestro país es una necesidad urgente. Pero no como lo propone el abogado César Azabache, quien escribe en El Comercio, porque el tema de “hacer” justicia no es poner un juzgado en cada esquina y decir que ´la justicia se ha acercado al pueblo´. He escrito en el diario VOCES que la verdadera revolución de la justicia tiene que partir de revertir muchos conceptos que han sido factores negativos para que la lucha por perseguir la conquista de los derechos de los ciudadanos se haya convertido en una quimera. Pues entrar en los intríngulis de la justicia es entrar en litigios casi perpetuos que destruyen nuestras vidas.
Lo primero que deberá hacerse es diseñar la estrategia para desjudicializar la sociedad y evitar eso de la permanente “judicialización” y que estos duerman el sueño eterno, recordando el título de una obra de Raymond Chandler. Porque todos los justiciables saben que esos largos procesos judiciales se acompañan de notificaciones, citaciones, exordios, etc., llegan cada medio año, a los tres años, después de una década, en un drama de nunca acabar. ¿Por qué recurrir a la “justicia” y hacer que el ciudadano tenga acceso a exigir sus derechos? ¿Por qué entrar en esta cofradía de hechos confusos, tortuosos y tenebrosos? Porque la “justicia”, como la entendemos hoy, es el predio de esa cofradía que muchas veces libran sus propias batallas como lo revelan los audios hoy en día.
Aceptar la judicialización de todos los problemas es una forma perversa y proterva de burlarse del Estado y de la sociedad y que los jueces lo acepten es otra forma deshonesta de actuar, porque se prefiere el código y no los intereses de la ciudadanía. ¿Quiénes diseñaron este juego protervo de que la “justicia” sea lo entendemos hoy, un escenario de terrores y angustias y para perjudicar al Estado y a la sociedad? Telefónica le debe miles de millones al país y para no pagar su deuda ha “judicializado” su caso y como premio el gobierno de Ollanta Humala le amplió su licencia por veinte años más. ¿Es justo este y otros casos parecidos? Con esta forma de entender la justicia no vamos a avanzar. Midamos a todos con la misma vara y no con la llamada discrecionalidad que es el poder que tienen los jueces. ¿Quién es el juez, que, amparado en su poder discrecional, le está haciendo el juego a la Telefónica, perjudicando a la sociedad?
He sido el primero en considerar que la revolución judicial no deben encargarse a las comisiones integradas por abogados, pues, recordemos a George Clemenceau, cuando dijo que “la conducción de la guerra es un asunto tan serio que no se le puede confiar a los militares”; igual, este cambio en la forma de entender y aplicar lo que se llama justicia tiene que involucrar a todos los componentes de la sociedad para el logro de la real justicia y evitar que los ciudadanos jamás entre en ese laberinto tenebroso, predio de una cofradía que ha perfeccionado sus propios arcanos donde quienes no somos parte de ella pareciera que fuéramos seres inferiores.
Quiero citar a Alberto Adrianzén Merino, quien escribió el jueves pasado en el diario La República un soberbio artículo sobre el tema. Dice el columnista: “Por eso es un error pensar que una ‘reforma de la justicia’ es tarea casi exclusivamente de abogados, de expertos o de nuevas leyes, cuando es sobre todo tarea del poder político, al fijar los límites de la convivencia social. Y por eso creo, también, que, junto con una reforma, lo que habría que pensar y hacer es provocar una ruptura, una fractura con el pasado. Acabar con la tragicomedia que hoy vivimos. Crear algo nuevo, distinto”. Eso mismo vengo promoviendo desde mis tiempos en que escribía en el diario AHORA, como lo hago ahora en VOCES. Revolución de la justicia y no solo un maquillaje.
Otro aspecto importante es el de despenalizar la justicia. Por supuesto, existen individuos a quienes les emociona mandar a la cárcel a la gente. Son los jueces llamados ´caneros´ y, dicen, algunos se vanaglorian de a cuantos y a quienes han enviado a la ´chirona´. La carcelería no es la sanción más adecuada. Se tiene que buscar mecanismos o formas más eficaces pues la sanción penal, de repente no le afecta al delincuente, como si le afecta a la familia, y desde este punto de vista tiene que proponerse medidas revolucionarias y audaces, pero para tomarlas se requieren políticos con coraje, con huevos bien puestos, pensar y actuar diferente y sacar los esqueletos del armario.
Alguna vez propuse que para evitar el tema de las reclusiones, podemos aplicar el mecanismo del ostracismo, como se aplicó en Grecia. Sin embargo, este sistema no sería aplicable a criminales psicópatas y a todo aquel que atentara en contra de la vida de los ciudadanos, para quienes sí debe aplicárseles la carcelería, pero perfeccionando la forma y que no le cueste al Estado y a la sociedad. (Continuará mañana)
La pena de la prisión también debe aplicársele a los políticos corruptos, demagogos y manipuladores, que dicen no correrse de justicia, así como a sus encubridores. A los farsantes, plagiarios y secuestradores, así mismo. El concepto supremo de la justicia es la libertad; este es la idea primigenia y a partir de ella hacer la revolución judicial.
Pero hacer esta revolución es hacer una revolución integral de todo el aparato del Estado, partiendo de eliminar los privilegios, pensar y actuar para la satisfacción del interés común. Tiene que tenerse en cuenta que aun a través de la revolución de la justicia es probable que no lleguemos al cien por ciento de los objetivos, pero debe trabajarse para que alcanzar la justicia no sea una entelequia, porque necesitamos sentirlo y vivirlo. Ya no tantas leyes. Como dice el refrán: “Malos reyes, muchas leyes”. Y tanto, que ya no necesitaríamos tener un Parlamento lleno de bestias, cerriles, analfabetos, ignorantones con títulos, con las excepciones del caso.
Hacer la revolución judicial y todo lo que con ella se relaciona es tener una sociedad justa en la medida de lo posible. El tema de la justicia no es solo asunto del llamado Poder Judicial, y ya es hora que a esta parte de superestructura de la sociedad se lo despercuda del manto de la solemnidad de las togas, birretes, medallas y tanto ornamento ostentoso e inútil. La justicia debe encontrar la verdad y no forzar para probar la supuesta comisión del delito, donde no lo hay. ¿Cuántos están en la cárcel por la forma como los jueces “interpretan” la justicia? Aplicar la justicia no debe partir de interpretaciones, aunque el Derecho es una disciplina tremendamente doctrinaria.
La revolución de la justicia, es también hacer justicia con los sueldos de los trabajadores; justicia en las pensiones y no las pensiones de hambre. El ex congresista que conoce y trabaja con usted ¿cuánto de pensión percibe y podría estar comiendo a doble cachete? ¿Quiénes armaron este tinglado para las cosas sean así? Cuando se jubilan todos deben tener una misma pensión que les permita vivir con decencia. Mi propuesta es que el monto de la pensión sea única y universal y esto sería un acto de justicia, y este espacio es poco para discutirlo con amplitud. ¿Imposible?
Pero para esta revolución ¿los políticos tendrán agallas para proponerlo, discutirlo y aprobarlo? Pero para aceptar discutir esto tiene que romperse esquemas, salir del cuadro, perderle miedo a quienes puedan criticar. Perderle el miedo a los del Instituto Cato, a los Abusada, a los consultores y “expertos” de medio pelo, a los endiosadores del libre mercado, que acá abundan, etc. Un gobierno cobarde y timorato no podría hacerlo. El congresista bestia y cerril no se atrevería a proponerlo.
Después de leer el mensaje de Vizcarra se abre una esperanza que debe materializarse desde la propuesta de crear un nuevo orden legal, partiendo de la destrucción de las mafias políticas que están en el Congreso. Este parlamento debe reducirse a un supercomité que asesore en materia legal al Estado y que la sociedad sea la garante y vigilante. Pero, decisivamente discrepo de la propuesta del presidente Vizcarra que propone crear el ´Consejo para la reforma del Sistema de Justicia´. ¡No, señor Presidente! ¡Escúcheme, señor Primer Ministro César Villanueva Arévalo! Recuerden las líneas anteriores, porque la revolución judicial requiere la participación de toda la sociedad y tiene que hacerse a partir de parámetros mínimos que debe desligarse de los procedimientos y las formas, para que el recurrir a esa ´justicia´ sea solo en casos extremos.
La revolución de la justicia es tener menos leyes y más compromiso con la Justicia, entendida como ese algo que tiene que ver con nuestro desempeño y compromiso diario con la sociedad y no con las leguleyadas habituales y sempiternas. ¡Revolución en el fondo, y no reforma en las formas! La verdadera revolución de la justicia es tener que recurrir menos o nunca a lo que el sistema denomina justicia y toda su parafernalia, desde el escrito que presenta un ciudadano instruido y culto que ahora requiere la “firma de un abogado”, para ser admitido por cualquier instancia judicial para garantizarle, dizque, su seguridad jurídica.
En toda revolución tiene que partirse de lo que yo denomino la Ley del Mínimo. ¡Desde aquí debe iniciarse la revolución judicial y no la falacia de que la firma del abogado garantiza la seguridad jurídica, repito. No tengo nada en contra de los abogados, pues conozco a profesionales del Derecho que son profundamente doctrinarios y absolutamente probos y a ellos me remito en apoyo de esta propuesta.