El avance desmedido de infraestructura sin consulta previa en la Amazonía no solo amenaza la biodiversidad de nuestras reservas naturales, sino que vulnera la pervivencia de los pueblos originarios que custodian la vida en el bosque.
Por Segundo Chuquipiondo
La tensión entre los proyectos de infraestructura y la preservación ambiental vuelve a encender las alarmas en la región Loreto. La comunidad Kukama Emanuel Varadero de Tibilo, ubicada en una zona estratégica de vigilancia para las fuentes de agua que abastecen a la Reserva Nacional Pacaya Samiria, viene denunciando la apertura de trochas y el avance de maquinaria pesada cerca de sus cabeceras de cuenca. La historia de esta incursión comenzó a hacerse visible el 30 de octubre de 2024, cuando vigilantes ambientales comunitarios detectaron durante un patrullaje maquinaria pesada abriendo pasos en zonas de bosque primario dentro del área de amortiguamiento de la reserva. Ante esta situación, el 20 de noviembre de 2024, el Apu Raúl Tamani Murayari junto a César Díaz Olivares, presidente del Comité de Vigilantes Ambientales de la comunidad, formalizaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Alto Amazonas. La acción legal se dirigió contra el Consorcio Ejecutor Lagunas, la empresa JJR Constructora y Servicios Generales S.A.C. y los funcionarios públicos que resulten responsables, motivo por el cual el Ministerio Público abrió una investigación por presuntos delitos contra los bosques, alteración del paisaje y depredación de flora y fauna silvestre, caso que posteriormente fue declarado complejo.
En el territorio de la comunidad coexisten dos intervenciones públicas principales: el proyecto vial “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Villa Lagunas Tibilo” (CUI 2598584) y el proyecto de infraestructura hidráulica “Saldo de Obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Riego Yanayacu-Tibilo” (CUI 2232361), este último con un monto contractual superior a S/ 33,2 millones y una inversión actualizada cercana a S/ 38,6 millones. No obstante, el Apu Raúl Tamani Murayari advierte que la afectación a las quebradas Chambira y Tibilo pone en riesgo el suministro de agua vital para la población comunitaria. Frente al riesgo y la escasez de recursos, la labor de monitoreo y patrullaje de los custodios forestales ha sido fortalecida mediante asistencia logística y capacitación otorgada por Cáritas Yurimaguas en articulación con la Federación de Comunidades Cocama Cocamiria (FEDECOCA), a través del proyecto “Construyendo Territorios Resilientes: Fortaleciendo el Rol de los Comités de Vigilancia Territorial en la Adopción de Buenas Prácticas para la Prevención de Incendios Forestales en la Amazonía Peruana”, en el marco del programa Amazonía Sostenible – Comunidades Resilientes.
Este escenario refleja la preocupante conflictividad social en la región, donde reportes de la Defensoría del Pueblo señalaron que Loreto alcanzó 32 conflictos sociales en septiembre de 2024, la cifra más alta registrada en el país en ese periodo, destacando que en el año previo 22 de los 30 conflictos reportados eran de carácter socioambiental. Asimismo, la entidad defensorial volvió a registrar en febrero de 2026 y abril de 2026 nuevos casos socioambientales y controversias territoriales vinculadas a demandas indígenas y transporte de hidrocarburos. En medio de este panorama, la comunidad recalca la urgencia de redefinir el modelo de desarrollo que se implementa en la Amazonía, priorizando la participación efectiva de las poblaciones locales y la sostenibilidad de las fuentes naturales de vida.
