Por Roberto Cabrera
El concepto de conflicto de interés está muy en boga por estos días en el país. Pareciera que todos vivimos conflictuados por interesarnos en asuntos que, a veces, deslucen el debate y tienen la única pretensión de “matar al mensajero” en lugar de cuestionar los argumentos. Me explico mejor.
Un conflicto de interés es aquella situación en la que el juicio del individuo -concerniente a su interés primario- y la integridad de una acción, tiende a estar indebidamente influenciado por un interés secundario, de tipo generalmente económico o personal.
Existe conflicto de interés cuando en el ejercicio de las labores dentro de una institución, sobreviene una contraposición entre el interés propio e institucional.
La idea de conflicto de interés guarda mucha vinculación a la ética y se resume en que nadie puede ser a la vez “Juez y parte”. Se cuestiona entonces la neutralidad para dirimir, resolver, interesarse y/o intervenir en asuntos que pueden ser de índole público o privado (ya que también hay conflictos de intereses en, por ejemplo, la actuación de un Director de una empresa privada que ordena contratar como proveedor de la misma a una persona jurídica de propiedad de su hijo político).
Los conflictos de intereses pueden presentar diversas posibilidades de ser clasificados:
– A nivel personal (cuando se usa su cargo o posición, como investigador o médico asistencial, para obtener un beneficio secundario antes que el logro del interés primario del enfermo),
– Un conflicto de obligación (se quiebra el compromiso vinculante con la institución donde se participa, ya sea en un laboratorio de investigaciones o un centro asistencial).
– A nivel institucional cuando se ejecutan decisiones relativas a obtener beneficios secundarios antes que los primarios. En el ámbito público, es penalmente relevante (o debiera serlo) el conflicto de interés en tanto y en cuanto este significa – o podría significar – un perjuicio ilícito en agravio de las arcas estatales. Por ejemplo, cuando un funcionario logra que una entidad estatal contrate como proveedor de papel a una empresa de propiedad de su esposa.
El caso del ejemplo es muy sutil porque bien podría la empresa de la esposa del funcionario cumplir un excelente papel – valga la ironía – y entregar un servicio de óptima calidad que incluso pueda ser beneficioso a la entidad estatal. De esa manera, la controversia se torna en ética porque no podría sostenerse válidamente un perjuicio en concreto. Por esa razón considero que todo conflicto de interés debe estar rodeado por actos que determinen fraude; o sea la intención de engañar y conseguir un provecho ilícito en perjuicio de tercero. De lo contrario, considero que estas conductas deberían permanecer en la esfera del derecho administrativo sancionador (ni que hablar de aquellos casos en donde ni siquiera se ha tocado dinero).
Para la solución de los conflictos de intereses podemos proponer las siguientes alternativas:
1) No ver estorbadas las decisiones propias por arbitrariedades de terceros.
2) No padecer incertidumbre de correr riesgos o consecuencias al estar a merced de la voluntad de otro.
3) No verse obligado a anticiparse a las decisiones para evitar interferencias de los poderosos y, por último,
4) No ser vistos como subordinados obedientes (“vasallos”) al existir una conciencia común de la asimetría del poder (la industria, el jefe en organismos asistenciales, etc.) que dañen nuestra propia reputación, honorabilidad y prestigio
Pero el caso al cual me quería referir está vinculado al cuestionamiento que se hace a un Congresista por promover una Ley que, hoy por hoy, también está siendo arduamente discutida (lo cual es muy bueno, siempre que se haga con respeto y fundamento). En fin, no considero válido, como decía al iniciar este artículo que la política de matar al mensajero sea correcta, pues desluce el debate y pretende perder de vista lo medular de lo que en verdad se está discutiendo. Hablar, en ese contexto, de conflicto de interés es por decir lo menos un poco torpe (¿o quién esperaban que promoviera la Ley? ¿Un Congresista homofóbico?).
En otros países del orbe (coincidentemente lo más desarrollados), los Congresistas tienen abiertamente identificado el interés que protegen y representan. Así, hay Congresistas que representan a tabacaleras, a farmacéuticas y nadie se ha muerto del escándalo. Es mucho mejor hacer transparente las cosas para evitar críticas de este tipo que, repito, no contribuyen a nada bueno.