Fiscalía inició investigación por presunto enriquecimiento ilícito
Luego que se conociera la disposición fiscal de inicio de diligencias preliminares que busca determinar la existencia de hechos que puedan corroborar los indicios que la División Especial de Lavado de Activos de la Policía Nacional, y la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos que ha encontrado en una investigación que involucra al Gobernador Regional de San Martín, a su sobrino, y a su principal asesora.
Además, al alcalde del distrito de La Banda de Shilcayo, a su esposa, a sus hijos, a su yerno y a su consuegra. Es decir, a un conjunto de personas a quienes no sólo les vincula el lazo familiar, sino, supuestos roles, para favorecer, en apariencia, a empresarios en obras públicas.
De los mencionados en el documento fiscal, la única que se ha manifestado públicamente, en entrevista con radio Tropical ha sido la consejera regional Jessica Paola Hildebrandt Paúcar, quien dijo sentirse sorprendida, porque la señalan como responsable de lavar activos, enriquecimiento patrimonial, que afirma nunca haber cometido. “Me sorprende que se involucre en una investigación de esa naturaleza a mí y a mi familia, yo como consejera estoy abocada a mi trabajo”, refirió.
Como se sabe, la Disposición Fiscal N°01 del 22 de enero del 2024, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, que tiene como base el Informe Policial n°34-2023 de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional, Lima. En ese documento Sheyla María Ibarra Díaz, fiscal adjunta provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, dispone el inicio de investigaciones preliminares contra el gobernador regional de San Martín Walter Grundel Jiménez, contra su sobrino Gian Marco Pérez Grundel, contra la abogada y asesora personal del gobernador regional Nori Olivia Ato Panta, contra el alcalde del distrito de La Banda de Shilcayo, Enrique Alberto Hildebrandt Pinedo, contra su esposa Edith Paúcar Lozano, contra sus hijos Enrique Hildebrandt Paúcar, y Jessica Paola Hildebrandt Paúcar, esta última consejera regional por la provincia de San Martín.
Así también contra José Luis Navarro Tuesta, esposo de la consejera Jessica Hildebrandt, contra Patricia Tuesta Gonzales de Navarro, madre de José Luis Navarro y contra los hermanos Martin Alejandro, Luis Felipe y Alcides Morey Riva.
Un conjunto de personas que para la fiscalía estarían vinculadas a la administración del Gobierno Regional de San Martín y a la de la Municipalidad del distrito de La Banda de Shilcayo. Quienes tendrían suficientes indicios para determinar la presunta comisión del delito de Lavado de Activos proveniente del delito contra la administración pública en agravio del Estado. Por el incremento exagerado de sus bienes, muchos de esos estarían a nombres de terceros, o no habrían sido registrados en Registros Públicos para evitar ser detectados…
El documento fiscal señala que la investigación será por ocho meses en sede policial; precisa que el vencimiento del plazo de la presente investigación sería el 22 de septiembre del 2024, tiempo en el que se podría conocer, saber tal vez, la existencia de responsabilidades o no, de los investigados.
Al respecto la consejera regional junto a su abogado negó todo tipo de acusación en contra de su familia. “Esto es una investigación, la policía no va encontrar nada y se va archivar. Vamos a presentar antes del requerimiento fiscal todas las pruebas la documentación para evidenciar que no tenemos nada que ver en las denuncias que la fiscalía hace” dijo.
Eso porque, según se puede ver, en las investigaciones parte de un trabajo realizado por la Dirección Nacional de Investigación Criminal, y la Dirección de Investigación de Lavado de Activos. Quienes habrían encontrado durante las pesquisas indicios suficientes para sustentar los motivos de la necesidad de iniciar investigación preliminar.
Justamente parte de esa recaudación de información para averiguar la realidad de ellos o sus circunstancias. Se plasma en el análisis y evaluación de los hechos investigados por el Ministerio Público, donde se señala que Enrique Alberto Hildebrandt Pinedo, estaría involucrado en diferentes hechos noticiosos siendo uno de los principales cuestionamientos el vínculo cercano que tendría con el Gobernador regional de San Martín, Walter Grundel Jiménez, quien tiene como consejera regional a Jessica Paola Hildebrandt Paucar, hija del alcalde bandino Enrique Alberto Hildebrandt.
Se sindica también a José Luis Navarro Tuesta, esposo de la consejera regional que para la policía y la fiscalía, sería quien concertaría con las diferentes empresas con la finalidad de que estas salgan airosas en los diferentes concursos públicos, se entiende en los procesos de licitación que se realicen en la Municipalidad de La Banda de Shilcayo, para esa labor tenía el aparente apoyo de su madre la señora Patricia Tuesta Gonzales de Navarro.
El documento también da cuenta de una presunta intervención de una de las principales asesoras del Gobernador para, aparentemente direccionar la supervisión en el tema del puente, a favor de una determinada empresa. Es más el sobrino del Gobernador regional Gian Marco Pérez Grundel, gozaría de potestad para designar funcionarios dentro del aparato administrativo regional de San Martín, acciones que coordinaría con un empresario, aportante de la campaña de Grundel Jiménez.
Por todo esto la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, y la División Especial de Lavado de Activos de la Policía Nacional, tienen seis meses para determinar el grado o nivel de responsabilidades de los hoy investigados, quienes, por cierto, prefirieron mantenerse al margen de dar sus declaraciones respecto a lo expuesto en este informe. (César Gonzaga)
