El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazó el proyecto de ley presentado por el diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo, que propone crear la figura de “apología al delito agravado” para sancionar determinadas expresiones durante períodos de crisis política o conflictos sociales.
La iniciativa busca castigar a quienes tengan capacidad de convocatoria pública y “promuevan”, “soliciten”, “señalen”, “alienten”, “justifiquen” o “legitimen” el uso de explosivos u otras sustancias peligrosas que puedan afectar la seguridad ciudadana, la vida de las personas o los bienes del Estado.
El alcance de la propuesta incluye a funcionarios y servidores públicos, dirigentes políticos, sociales o gremiales, líderes de opinión, comunicadores, creadores de contenido, influencers y otras personas con capacidad de convocatoria mediante medios de comunicación, plataformas digitales, manifestaciones u otras actividades de difusión.
Quienes incurran en esta conducta podrían recibir una pena de cuatro a cinco años de prisión. Si se trata de un funcionario o servidor público, también se contempla la inhabilitación.
El principal cuestionamiento del CPP está relacionado con la ambigüedad de los términos empleados. El gremio advierte que una redacción demasiado amplia podría afectar las libertades de expresión, prensa e información, especialmente durante momentos de tensión social y política.
El organismo planteó una interrogante: ¿podría considerarse apología del delito que un periodista informe sobre el lugar y la fecha de una protesta o explique las razones de quienes la convocan? Para el CPP, una norma penal debe definir con precisión las conductas sancionables para evitar que la difusión de información de interés público sea interpretada como un delito.
También cuestionó la referencia a los períodos de “crisis política”, pues el proyecto no precisaría qué circunstancias configuran una crisis ni quién determina cuándo comienza y termina. Esta falta de definición adquiere especial importancia al tratarse de una propuesta que contempla penas de cárcel.
El riesgo, según el gremio, no se limitaría a los medios de comunicación. Cualquier ciudadano que comparta información en redes sociales durante una coyuntura de conflicto podría quedar expuesto a una interpretación expansiva de la norma.
El debate plantea el desafío de proteger la seguridad ciudadana sin restringir injustificadamente el derecho a informar y expresarse, diferenciando con claridad entre la incitación a cometer delitos y la cobertura, opinión o difusión de hechos de interés público.
