Moyobamba. Con la finalidad de implementar las medidas preventivas pertinentes que mitiguen los riesgos, la Contraloría General de la Republica advirtió situaciones adversas en la construcción de la carretera vecinal Buenos Aires – Santa Catalina – Flor del Mayo, ubicada en la provincia de Moyobamba, que beneficiará a los pobladores de la margen izquierda del río Mayo, quienes tendrán acceso a los mercados de consumo.
Mediante un informe, el Órgano de Control Institucional del Proyecto Especial Alto Mayo, se evidenció que la obra, ejecutada por el consorcio Buenos Aires con una inversión de 29 millones 995 mil 376. 87, debió concluir el 15 de mayo del 2017. La obra está a cargo del Gobierno Regional San Martín.
Sin embargo, con la aprobación de tres ampliaciones de plazo por 461 días, se extendió su ejecución hasta el 12 de agosto del 2018; y se le otorgó al contratista adelantos por 14 millones 615 mil 615.37 soles, lo que representa casi el 50% del monto contractual. A la fecha se tiene solo un avance de 33,49 %.
Riesgos advertidos:
• La falta de articulación del accionar y la información entre la entidad y la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín respecto de procesos arbitrales que tiene como pretensión que se reconozca y apruebe 75 ampliaciones de plazo denegadas por un total de 1,166 días calendarios con sus gastos generales, genera el riesgo de una inadecuada defensa de los intereses de la institución, y la pérdida de procesos arbitrales.
• La cantera Yarinal-Naranjos que se tiene prevista utilizar para extraer material de construcción, no tiene a la fecha autorización de la Autoridad Regional Ambiental, lo que generaría el riesgo de atraso en la ejecución de la obra por la afectación de la ruta crítica, así como ampliaciones de plazo, pago de mayores gastos generales y pago de mayores costos por servicio de supervisión.
• Advirtió el incumplimiento del personal propuesto para la supervisión a tiempo completo de la obra, lo cual generaría el riesgo de no asegurar la calidad en la construcción.
• En el supuesto que se acuerde la paralización de la obra, la entidad podría verse afectada al pagar por servicios de supervisión que no ha ejecutado el consorcio.