Como parte de su labor de control preventivo, la Contraloría General inició el Operativo de Control “Por una Ciudad Limpia y Saludable” para verificar si el servicio de recolección de residuos sólidos a cargo de las nuevas gestiones municipales entrantes de toda la región, responsables del servicio de limpieza pública, se realiza de manera continua, regular, permanente y obligatoria. El operativo de control –que es el primero que realiza este año la Contraloría para verificar los servicios públicos que se ofrece a los usuarios- se inició del 28 de enero y concluirá el 1 de febrero de este año a Nivel Nacional y en la región San Martín, es por ello que se está visitando una muestra representativa de 34 municipalidades de las cuales 10 son municipalidades provinciales y 24 distritales.
A nivel regional se han desplegado 68 auditores que comprobarán si la limpieza pública se realiza de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D. Legislativo N° 1278), la Ley General del Ambiente (Ley N°28611) y la Ley Orgánica de Municipalidades (N° 27972).
De acuerdo a la normativa mencionada, las municipalidades son las responsables de los procesos de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos de origen domiciliario, especial y similar, así como de los escombros, los desmontes de obras menores, el servicio de barrido y limpieza de vías, plazas y demás áreas públicas, en el ámbito de su jurisdicción. También se supervisa el uso del presupuesto destinado a limpieza pública. Como consecuencia de este operativo, se comunicará a los alcaldes la existencia de riesgos identificados y las oportunidades de mejora. Y, de ser el caso, se podría determinar la necesidad de realizar servicios de control posterior o auditorías para la identificación de las responsabilidades que correspondan. Entre los riesgos que se podrían registrar, tenemos: Presencia de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos, insuficiente cobertura del servicio de limpieza pública, limitada capacidad operativa para brindar el servicio, deficiencia o carencia en la supervisión del servicio, disposición final de residuos sólidos en lugares inadecuados, entre otros posibles riesgos.