El magistrado Alvin Paul Quiroz Frías, del Juzgado Civil Transitorio de Mariscal Cáceres, realizó una visita judicial inopinada a la vivienda donde residen tres menores en presunta situación de desprotección, como parte de un proceso tutelar iniciado tras un caso de feminicidio.
La diligencia tuvo como objetivo verificar directamente las condiciones de vida de los menores. Participaron también la secretaria judicial del despacho y el presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín, quienes constataron la situación familiar, social y ambiental de los adolescentes.
Los menores están bajo la custodia de sus abuelos maternos, luego del fallecimiento de su madre en un hecho de feminicidio ocurrido en 2022. La inspección se realizó a pedido de la Fiscalía Provincial de Familia, ante un posible estado de abandono y riesgo.
Durante la visita, se comprobó que, aunque inicialmente la vivienda presentaba deficiencias en salubridad y habitabilidad, actualmente se han registrado mejoras significativas que favorecen el bienestar de los menores en áreas como salud, educación y recreación.
El magistrado destacó que estas acciones permiten al Poder Judicial conocer de manera directa la realidad de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. “No basta con leer un expediente, hay que ir al lugar y escuchar sus necesidades”, señaló.
Estas diligencias se enmarcan en los Lineamientos de Brasilia, que promueven el acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad, especialmente menores víctimas indirectas de violencia familiar o feminicidio.
Por su parte, el presidente de la Corte remarcó el compromiso institucional con la niñez en riesgo, resaltando la importancia de que los jueces salgan de sus despachos y conozcan la realidad de los justiciables.
Finalmente, se recordó que la medida de protección fue dictada a favor de los hijos de Fasabi Amasifuen (43), víctima de feminicidio a manos de su conviviente. Su cuerpo fue hallado en una chacra del centro poblado de Costa Rica, en la provincia de Mariscal Cáceres. El caso sigue bajo seguimiento judicial para garantizar el bienestar de los menores.