Tendría acumulado más de 1800 escritos sin resolver y se dicta medida cautelar de suspensión
La Unidad del Procedimiento Administrativo Disciplinario del ODANC San Martín ha iniciado un proceso disciplinario contra la servidora Maritza Cloud Tapia, secretaria del Juzgado de Paz Letrado de Mariscal Cáceres-Juanjuí, por haber acumulado 1808 escritos sin proveer, lo que ha afectado gravemente la celeridad procesal en la jurisdicción.
Además de la apertura del proceso disciplinario, el mencionado órgano de control, en el ejercicio de sus facultades, ha dictado la medida cautelar de suspensión preventiva en el ejercicio de cualquier cargo en el Poder Judicial para la trabajadora implicada, hasta que se resuelva definitivamente su situación jurídica en el marco de la investigación disciplinaria.
La medida fue impuesta por el magistrado contralor José Antonio Vargas Martínez, juez superior titular. Según la investigación en curso, la servidora no dio cuenta de 555 escritos en materia Civil, siendo el más antiguo de diciembre de 2020; 1157 escritos en materia de Familia Civil, con el más antiguo de octubre de 2020; 82 escritos en materia Laboral, desde mayo de 2021; y 14 escritos en materia Penal, también de mayo de 2021. En total, los 1808 escritos pendientes han generado un retraso de hasta dos años y siete meses en la tramitación de los procesos, afectando gravemente el servicio de justicia.
La ODANC San Martín exhorta a todos los auxiliares jurisdiccionales del distrito judicial de San Martín a cumplir con sus deberes, asegurando un servicio de justicia eficiente y oportuno para los justiciables.
Para el abogado Iván Ruiz Coca
“La pita siempre se rompe, por el lado más débil”
El abogado, quien hace poco tiempo hizo su denuncia pública, sobre el abandono del Poder Judicial de la sede de Juanjui, al enterarse, ahora, sobre la apertura de proceso disciplinario iniciado contra una trabajadora del Poder Judicial de Juanjui, expresó:
“Puedo comprender que después de la denuncia pública sobre el clamor de declarar en emergencia la sede de Juanjui, se está tomando ahora acciones al respecto; sin embargo, aquí no es buscar quien es la culpable y decir ya se sancionó, aquí hay responsabilidad mayor y conjunta en escala, (personal jurisdiccional y la Corte Superior) es más, de la información que ya es pública, en cuanto la presunta responsabilidad de la secretaria aludida, es de no haber proveído escritos desde el año 2020, estamos hablando desde la pandemia, y han dejado a merced que una sola secretaria responda ante la tremenda carga, que no sabemos si habrá realizado trabajo remoto o habrá sido vulnerable por la edad y salud, dejando en clara evidencia una realidad que sólo hay una implicada y ¿por qué otros no?, pues la respuesta es simple no hay personal y corrobora la denuncia inicialmente hecha, por tanto aquí la ODANC SAN MARTÍN , deberá tomar a mayor criterio en su decisión final, por cuanto no esperemos resultados arbitrarios, porque caso contrario será como reza la frase “la pita siempre se rompe, por el lado más débil”.
Lo que espera la sociedad en adelante, es atención de calidad ante el usuario, y esto significa atender con mayor presupuesto para el personal idóneo en cuanto meritocracia, celeridad en los procesos judiciales y buen trato al público, que se resume en una responsabilidad compartida entre personal jurisdiccional y administración de la Corte Superior de Justicia.
Ruiz Coca agrega “si de toda investigación se determina la responsabilidad dolosa por parte de un personal jurisdiccional, que le caiga todo el peso de la Ley, porque hay personal jurisdiccional que atiende de la peor manera a los usuarios y por el simple hecho que vienen de caseríos o pueblos alejados en su condición de humildad, son tratados de la peor manera, diciéndoles que vuelvan mañana u otro día, sin comprender lo difícil que es llegar a la sede del Poder Judicial , peor aún si no cuenta con defensa particular o pública, para que luego los secretarios estén pendientes de sus redes sociales o comiendo en horario de oficina, sin dedicar al 100% sus labores, por el cual existen en el fuero judicial”, refiere.
Por otro aspecto, el abogado propone “espero algún día que el control judicial ahora conocido como el ODANC, esté a cargo de otra institución ajena al Poder Judicial, que no sean jueces quienes visiten a otros jueces para las visitas respectivas y estos puedan recabar quejas o denuncias de su propio colega, por cuanto no es bueno ante los ojos y pensamiento del Justo este tipo de actos, ya que en la sociedad hay también una frase “que otorongo, no come otorongo”, por lo que deberían participar en el ODANC miembros de la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y sociedad civil”, anota.
Desconocimiento de la población
Finalmente, el abogado Iván Ruiz ratifica: “Es más, las visitas del ODANC que debería conocer la sociedad en conjunto para realizar sus quejas en la fecha y hora, son sólo publicadas en su diario judicial respectivo, el cual es inoperante ya que la población no adquiere dicho diario, por lo que dicha citación debe ser general en todos los medios existentes en una zona”, sentencia.
Llueve sobre mojado, se acumulan los problemas en la Corte de Justicia de San Martín.
Ayer en horas de tarde, el Ministerio Público lanzó una nota informativa en la que da cuenta de la detención preliminar, por 72 horas, de un trabajador y su pareja de la Corte Superior de Justicia de San Martín por tráfico de influencias, a quienes se les acusa de solicitar sumas de dinero y aves de corral -gallinas- para favorecer en un concurso laboral para un puesto el Módulo Básico de Justicia de Rioja aduciendo tener influencias en el área de recursos humanos.
Ordenan detención preliminar por presunto tráfico de influencias contra trabajador de la Corte Superior de Justicia de San Martín y su pareja
Por el plazo de 72 horas. A petición de la Fiscalía Anticorrupción de Moyobamba.
A petición de la fiscal adjunta de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moyobamba Rosa Elena Nicolás Rodríguez, se dictó la detención preliminar, por el plazo de 72 horas, contra el servidor judicial de la Corte Superior de Justica de San Martín Marcelo Palomino Velásquez Leandro, y su pareja Carina Angulo Saboya, sindicados como presuntos autores del delito de tráfico de influencias.
La medida fue ordenada el lunes 12 de agosto, por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Moyobamba, el mismo que, además, autorizó el allanamiento, descerraje y registro domiciliario a la vivienda de los imputados, ubicada a la altura de la cuadra 5 del jirón 20 de abril en Moyobamba; donde se incautaron equipos celulares y otros documentos importantes para la investigación.
Sobre los hechos se conoce que, mediante conversaciones por el aplicativo de WhatsApp iniciadas el día 9 de enero del 2024, la pareja habría solicitado dinero a dos mujeres, a cambio de ofrecerles un puesto de trabajo como técnicas judiciales para el Módulo Básico de Justicia de Rioja, tras simular tener influencias con el jefe de personal de la Corte Superior de Justicia de San Martín.
Para tal fin, las agraviadas identificadas como Dalila Rojas Vilcabamba y Magaly Marisol Carrillo Vilcabana, habrían entregado la suma de 1500 y 1780 soles, respectivamente, más un total de 4 gallinas, con el propósito de armar y documentar su curricular vitae y, con ello, ingresar a trabajar esta entidad del Estado.
Esta medida judicial permite al Ministerio Público continuar con otras diligencias urgentes como recabar información bancaria y telefónica de los investigados, en el marco de la investigación preliminar dispuesta en su contra, por el plazo de 120 días. Asimismo, asegura que los investigados no evadan la acción de la justicia hasta el esclarecimiento de los hechos.
DATO: A este caso se suma una nueva investigación por otra denuncia en contra de la pareja, interpuesta por Guayamiz Culqui y Jaime Arvel Castañeda Hernández, quienes, aparentemente, en el mes de junio del presente año, también habrían entregado dinero bajo la misma oferta laboral.