En medio de una investigación que sacude la credibilidad del sistema electoral, surgen nuevas versiones que evidencian posibles fallas estructurales y responsabilidades compartidas en la cadena de decisiones.

La crisis desatada por la fallida distribución del material electoral en Lima Metropolitana ha escalado a un nuevo nivel tras la detención del gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, José Samamé Blas, quien, durante su interrogatorio ante agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), señaló directamente al subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, como responsable de supervisar el cumplimiento del contrato con la empresa encargada de la distribución logística.

El caso se remonta a los comicios del domingo, cuando 211 mesas de sufragio no pudieron instalarse debido a que el material electoral nunca llegó a los locales de votación, afectando a un total de 52.261 electores. Este hecho generó una inmediata reacción del Ministerio Público del Perú, que inició diligencias para identificar a los responsables de lo que ya se considera una de las más graves fallas logísticas en procesos recientes.

En ese contexto, efectivos policiales procedieron a la detención de José Samamé Blas la mañana del lunes 13 de abril, luego de que la Fiscalía Anticorrupción del Cercado de Lima obtuviera un mandato judicial en su contra. El funcionario es señalado como quien adjudicó el contrato por S/20,5 millones a la empresa Servicios Generales Galaga, encargada de transportar el material electoral.

Durante su declaración, Samamé reconoció su participación en el proceso de contratación de la empresa, propiedad de Juan Alvarado Pfuyo, pero insistió en que la responsabilidad operativa recaía en el área de Producción Electoral, liderada por Juan Phang Sánchez, quien —según su versión— debía realizar el seguimiento y garantizar la correcta ejecución del servicio.

Este señalamiento introduce un giro significativo en la investigación, ya que inicialmente la ONPE había atribuido públicamente la responsabilidad exclusiva a la empresa contratista, deslindando cualquier falla interna. Sin embargo, las recientes declaraciones revelan posibles omisiones en la supervisión y control dentro de la propia institución, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre la cadena de decisiones que permitió la contratación y ejecución fallida del servicio.

El caso no solo expone presuntas responsabilidades individuales, sino también debilidades estructurales en los mecanismos de control del sistema electoral, en un momento en que la confianza ciudadana se encuentra especialmente sensible. Mientras avanzan las diligencias fiscales, la atención pública se centra ahora en determinar si se trató de una negligencia administrativa o de un esquema más complejo de irregularidades dentro de la gestión electoral.