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miércoles, marzo 26, 2025
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Crónica de un IVP liquidado: ¿Guerra de egos o algo más?

Gestión edil en Mariscal Cáceres a la deriva

Se vulneran las normas por el manejo presupuestal, los distritos castigados

Por: Abog. Víctor Raúl López Escudero

El alcalde de Juanjuí, y por ende de la provincia de Mariscal Cáceres, ha pulverizado con la venia del concejo municipal el Instituto Vía Provincial (IVP), cuyo directorio orgánico estaba integrado por todos los alcaldes distritales que gobiernan en nuestra provincia.

 Abog. Víctor Raúl López Escudero
Abog. Víctor Raúl López Escudero

Pero ¿Qué es el IVP? se preguntan muchos. El IVP es un organismo público descentralizado que se encarga de dar mantenimiento rutinario a los caminos vecinales o trochas carrozables que conducen principalmente hacia los centros de producción agrícola al interior de una provincia, siendo los agricultores los beneficiarios directos.

La naturaleza jurídica de los IVP reposa principalmente en la política de desconcentración y descentralización del Estado, es así que dentro del marco del Decreto Supremo Nº 088-2003-PCM se dispuso la transferencia gradual y progresiva del Programa de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a los Gobiernos Locales, encargándoles su ejecución a través de los IVP. Evidentemente, estos conceptos son ajenos al alcalde y su concejo, más bien han tomado una decisión desproporcionada y arbitraria que significa un retroceso dentro del proceso de descentralización que promueve el Estado, pero además se confirman los cálculos políticos y conflictos internos dentro de nuestra municipalidad provincial. Una vez más, el ciudadano que tenemos por alcalde, hace gala de una carencia de liderazgo para consensuar con su equipo técnico y sobre todo con los Alcaldes Distritales, a quienes ha dejado pintados en la pared.

El papel que ha jugado el IVP en estos últimos años ha sido importante para apoyar la economía productiva rural al interior de la provincia, no se puede dejar de mencionar el trabajo realizado por la Ing. Archenti en la gestión municipal anterior donde tras un arduo trabajo de campo y gabinete el IVP logró a través de Provias Descentralizado una mayor asignación presupuestal para Mariscal Cáceres, pasando de 10 caminos vecinales atendidos a 24 caminos vecinales atendidos de forma rutinaria, un resultado concreto positivo a nivel de gestión; pero también es importante recordar que a través del IVP se consiguió el financiamiento para la construcción de varios pontones en zonas de producción agropecuaria; es decir, por donde lo veamos la decisión del concejo municipal para desaparecer el IVP es carente de una correcta motivación técnica.

En San Martín, hasta hace algunos días, todas las provincias; sí, las 10 provincias contaban con este organismo del Estado; hoy Mariscal Cáceres es la única provincia que la ha pulverizado, desarticulado, extinguido o desaparecido. Los expertos en estos temas se preguntan: ¿Cuál es el fundamento técnico?, pero además ¿Cómo quedan los alcaldes distritales?

El alcalde Esteban Irene ha referido que es una decisión acertada y cargó toda su artillería contra la actual Gerente del IVP, a quien no podía cambiarla por no obtener los votos suficientes del Directorio (Alcaldes Distritales), pero además ha dejado entrever que la extinción del IVP se debe a presuntas irregularidades detectadas. Hay quienes refieren, que, bajo esa lógica caprichosa, también debió entonces haber desactivado varias gerencias que desde el inicio de su gobierno mostraron serias irregularidades. La decisión del Alcalde Irene pasa por alto la investidura de autoridades electas democráticamente, pasa por alto a cada uno de los Alcaldes Distritales que conformaban el Directorio del IVP, pues más allá de que el concejo municipal esté o no facultado para tal decisión, han pisoteado , ninguneado , aplastado , ignorado y despreciado la opinión de Alcaldes que en su mayoría postularon para la máxima representación política dentro de sus jurisdicciones, a diferencia de él (Esteban Irene) que postuló para regidor y amaneció como Alcalde de una de las provincias más importantes de San Martín. Por doquier se escuchan voces, rogando al alcalde sentido común, dos palabras tan sencillas, pero de profundo significado que están ausentes en su quehacer público; un manejo público gaseoso, sin visión ni norte definido.

Pero lo real, lo que está detrás de todo este castillo de papel, no es otra cosa más que el juego de los egos y la vanidad. Seguramente algunos de mis detractores dirán con sarcasmo: habla la voz de la experiencia; sí efectivamente, pero se equivocan en algo fundamental: yo no necesité del cargo de alcalde para inflarme el ego y la vanidad, a mí me eligieron las mayorías aun cuando me catalogaban de “pituco” y vanidoso, ¿ya lo olvidaron? Así que nada ha cambiado en mí, nunca necesité caretas ni antes ni después del cargo; y así hay gente que me estima y lógicamente quienes me detestan. Pero este asunto no se trata de mí, se trata, decía yo, de una guerra de egos que comenzó con el distanciamiento entre mi amigo Robert Pinedo y el propio Esteban Irene. Cada uno jalando para su lado, haciendo trizas la silueta roja de un corazón que ya dejó de palpitar. Cada uno de estos voceados personajes han tratado de hacerse con el IVP directa o indirectamente (seguramente para bien, no sean mal pensados), pero el pupilo, el petizo, o como dirían mis amigos francófonos: “le petit”, ha dado una estocada mortal a través de una especie de golpe de estado corporativo. ¿Traerá consecuencias legales? Esa es otra historia, del cual con toda seguridad no ha iniciado aún el primer capítulo. Ante esta enmarañada situación, la respuesta social de rechazo es evidente y no admite prueba en contrario.

Nota de redacción: VOCES intentó tomar contacto con el señor alcalde, sin logar nuestro cometido, en aras al equilibrio y la transparencia esperamos tomar contacto con la autoridad, Esteban Irene García para tener sus opiniones y/o puntos de vista.

LEYENDA: Al cierre de la edición, llego a nuestra redacción la denuncia penal que interponen los alcaldes distritales contra el provincial y sus regidores.

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