Catorce colegios públicos de Moyobamba y Riojahabrían exigido el pago de distintos montos como condición para la matrícula de estudiantes.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en San Martín instó a las autoridades educativas de la región a iniciar medidas disciplinarias y administrativas inmediatas contra las y los directores de las instituciones educativas públicas en las que se habría condicionado las matrículas al pago de diversos conceptos, como Apafa u otros.
A través de comunicaciones dirigidas a las unidades de gestión educativa local (UGEL) de Moyobamba y Rioja, la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en San Martín, Janet Álvarez, trasladó los resultados de las intervenciones realizadas a un total de 14 colegios públicos de estas localidades en los que se habría exigido el pago de distintos montos a los padres y madres de familia para proceder con las matrículas de sus hijas e hijos, algunos de los cuales habrían sido difundidos incluso a través de las redes sociales de las propias instituciones educativas.
De acuerdo a reportes de la sede de la Defensoría del Pueblo en San Martín, serían cuatro los colegios públicos en Moyobamba en los que se habría exigido el pago irregular de dinero. Por su parte, en Rioja la lista de instituciones educativas que habrían actuado de manera similar la conforman 10 planteles.
Ante ello, la representante de la Defensoría del Pueblo en San Martín pidió a las UGEL de Moyobamba y Rioja disponer el cese inmediato de cualquier acción por la que se pretenda condicionar el proceso de matrículas. En los documentos dirigidos a estas dos entidades, Álvarez recordó que ninguna institución educativa pública o privada puede exigir el pago de otros conceptos como condición para el proceso de matrícula, tal como lo dispone la Resolución Ministerial 447- 2020 del Ministerio de Educación.
De otro lado, precisó que el condicionamiento y exigencia de pagos previos configura el delito de cobros indebidos que deben ser materia de investigación a cargo del Ministerio Público, independientemente de las investigaciones que se inicien a nivel administrativo.
“En el caso de las instituciones educativas públicas, estas se encuentran prohibidas de condicionar las matrículas al pago de la cuota de Apafa o a cualquier otro pago que restrinja el acceso o permanencia de las y los estudiantes en las escuelas”, precisó la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en San Martín, quien además demandó la implementación de canales digitales y telefónicos que permitan a los padres o madres de familia presentar las denuncias sobre presuntos actos irregulares durante el proceso de matrícula para el año escolar 2021 en la región.
Para conocer mayores alcances sobre el tema VOCES entrevistó a la jefa de la Oficina Defensorial de San Martín Janet Álvarez Quispe.
¿Doctora, nos podría hacer un resumen de las intervenciones?
Uno es informar a las Ugels la necesidad de informar cómo se está llevando a cabo el proceso de matrícula, supervisar las actas y hacer las advertencias correspondientes. En alguna de las escuelas las quejas han sido reiterativas – de dos a tres-, hemos remitido oficios para que recuerden que la matrícula no tiene condicionamiento alguno, que cese este tipo de acciones, incluso hemos sugerido en el tema de la apafa se cobre posteriormente al proceso de la matrícula para evitar confusiones como se estableció el año pasado. Se ha observado en varios casos la actitud de servidores con malas prácticas para que sean corregidas porque ya se estuvo condicionando.
Uno de los casos más complicados ha sido de una directora que indicó que si no paga, el niño iba a ser retirado de la institución educativa, eso está también es materia de intervención por parte de la Ugel Rioja.
De estos 14 colegios públicos intervenidos todos son en el Alto Mayo?
Sí, la mayoría son en el Alto Mayo, en el Bajo Mayo hemos registrado entre dos a tres casos, ahí también se han emitido recomendaciones para los especialistas de la Ugel San Martín, donde también han emitido un comunicado detallado qué la matrícula no está condicionada, este año es más evidente las quejas de la población a través de llamadas telefónicas.
¿Llama la atención que, sin tener el desarrollo de las clases de forma no presencial, algunas asociaciones están realizando cobros por supuestas mejoras en la infraestructura?
El Estado acaba de aprobar el presupuesto para el mantenimiento de la infraestructura de las instituciones educativas, generalmente la asociación de padres de familia deben contribuir con el tema educativo, con la mejora de condiciones para la institución educativa de sus hijos, no han habido asambleas generales de las apafas para modificar o aprobar las cuotas que generalmente ellos definen como cuotas extraordinarias, en ese sentido tenemos experiencia de algunas instituciones educativas dónde no se les ha cobrado, se les ha devuelto el dinero que aportaron a las a apafas; entonces este es un tema de la propia organización civil que tiene que tomar una decisión, porque se tiene que también dar cuenta de las acciones que realizaron con el dinero recaudado. Definitivamente nos encontramos es una fase difícil donde muchas personas han perdido el trabajo, hay situaciones adversas y donde lo principal es asegurar la alimentación, y es inconcebible que algunos servidores estén condicionando y contribuyendo a estos actos poco recurrentes y afectando a los padres de familia. Recordemos que el reglamento faculta que si en caso no tuviera el dinero para poder cancelar pueden fraccionar, e incluso pueden hacer trabajos comunitarios; entonces sorprende que muchas instituciones educativas estén realizando (…) entonces estas cuestiones son contrarias a la ley, estamos insistiendo que los padres de familia tienen que identificar, porque si no encontramos una persona denunciante es bastante difícil poder sancionar a este mal funcionario.
¿Cuál sería la próxima instancia de persistir los hechos?
Ante la Ugel, e incluso pueden ir a la Fiscalía de Previsión de Delito, nosotros estamos trasladando los casos a lasugele`s; se ha emitido incluso circular recordando a los directores qué está prohibido todo tipo de condicionamiento.
Considera que los directores de las ugel´s o los funcionarios de educación deberían hacer campañas preventivas?
Nosotros tenemos varios casos, aún no podemos superar el temor que tiene el padre de familia de que sea identificado y puedan tomar represalias contra ellos e indican: “no quiero problemas, mejor yo pago”, eso tenemos que erradicarlo.
Los profesores están advertidos saben cuáles son sus funciones y definitivamente si corresponde hacer mayor incidencia por parte de los funcionarios, pero siempre hay una forma qué a veces un mal funcionario utiliza una argucia para escabullir y condicionar el tema del acceso a la matrícula.