El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, remitió al 42° Juzgado Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, un informe sobre los alcances de la libertad de expresión el caso que se sigue contra el ciudadano Rafael León Rodríguez acusado de delito de difamación agravada.
En su comunicación, Vega enfatizó que la protección del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, prevista en el artículo 2.4° de la Constitución Política, resulta indispensable en un Estado Democrático de Derecho para garantizar el pluralismo de ideas y opiniones de las personas.
El informe reseña que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Tribunal Constitucional peruano y la Corte Suprema de Justicia de la República coinciden en señalar que las personas de relevancia pública deben tener un mayor nivel de tolerancia a la crítica, más aún si la misma recae sobre asuntos de interés público. En ese sentido, señaló que en un Estado democrático la crítica acompañada de frases desfavorables sobre la conducta de un funcionario público o persona de relevancia pública se encuentra amparada por el derecho a la libertad de expresión.
Finalmente, Vega informó que, en cumplimiento de su mandato constitucional y ante el pedido de intervención de la defensa del señor León Rodríguez, se remitió el informe técnico jurídico al Poder Judicial para que lo tome en consideración al momento de resolver, toda vez el caso tendrá un impacto significativo en las condiciones del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país.