En el día de su cumpleaños, el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, recibió una ingrata noticia tras conocer que la demanda competencial que presentó en octubre de 2019 contra la disolución del Congreso tiene una recomendación del ponente, el tribuno Carlos Ramos, para desestimarla.
Según fuentes, el informe del magistrado no solo plantea al Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declarar “infundada” la acción, también elabora un proyecto de resolución “pensando hacia el futuro” para evitar que se restituya el Parlamento disuelto.
La ponencia de Ramos aún puede ser modificada por los aportes de los miembros del órgano constitucional, quienes tienen previsto reunirse este jueves para discutir el informe que ingresó formalmente ayer por la tarde al TC.
Como anticipó Marianella Ledesma, presidenta del TC, la decisión colegiada de los tribunos, interpretando si la “negación fáctica” de la cuestión de confianza por parte del Parlamento —como lo sostiene el presidente Martín Vizcarra— es constitucional o no, se conocerá antes de las elecciones parlamentarias.
La sentencia del TC generará un antecedente sobre la facultad del Ejecutivo para interpretar un rechazo de confianza y, precisamente sobre futuros escenarios, se buscará que este caso evite nuevas discrepancias.
En este marco, cabe recordar que uno de los argumentos que defiende Olaechea es que el Ejecutivo no tiene atribuciones para interpretar que una cuestión de confianza fue rechazada si el Pleno del Congreso no ha sometido a votación si se la dan o no.
No obstante, el Gobierno cuestiona esta postura alegando que la conducta del Congreso también puede ser interpretada como un rechazo, como ocurrió cuando no suspendió la elección de magistrados del TC.
Discrepan sobre fallo
Para el constitucionalista Omar Cairo, el proyecto de resolución del ponente “significa que el 30 de setiembre (del año pasado) se produjo el rechazo a una cuestión de confianza” y, por lo tanto, la disolución del Parlamento, desde su perspectiva, “fue válida”.
El experto explicó que el informe de Ramos solo prosperará si alcanza cuatro votos de los magistrados; no obstante, no descartó la posibilidad de que se modifique la ponencia “con otro proyecto de resolución”, pero rechazó que ello signifique restituir “al pasado Congreso”.
Un posición contraria tiene el experto Aníbal Quiroga, quien a este diario señaló que “sí es posible anular la disolución”, pues “la ponencia puede ser ratificada o rectificada por mayoría”. “Todas las alternativas son posibles”, apuntó.