En un reciente concurso público convocado por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Martín, han surgido serias acusaciones de irregularidades y direccionamiento en la adjudicación de plazas para personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) transitorio N° 001-2025.
Las denuncias apuntan a que el proceso, que se publicó el 29 de enero de 2025, podría haber sido una mera formalidad destinada a beneficiar a personas que ya trabajaban en la institución como locadores, transgrediendo así los principios de transparencia e igualdad de oportunidades.
Uno de los casos más destacados es el del postulante Christian Augusto Rucoba Mozombite, quien se encontraba laborando en la oficina de Recursos Humanos de la UGEL San Martín como locador al momento de la selección. A pesar de que el concurso para el cargo de Asistente de Gestión para Recursos Humanos (código 02-2025) exigía como requisito ser egresado universitario, se alega que Rucoba no contaba con un título universitario. Sin embargo, ocupó el primer puesto en la evaluación curricular preliminar, lo que generó sospechas sobre la legitimidad del proceso.
Tras la presentación de un reclamo que cuestionaba su idoneidad, la comisión evaluadora reconsideró su evaluación, cambiando su estatus a «no apto» en la etapa de absolución de reclamos. Este giro en la evaluación ha llevado a muchos a cuestionar si la adjudicación de la plaza estaba realmente destinada a Rucoba desde el inicio, dado que la plaza quedó desierta al final del concurso.
Además, se han presentado denuncias similares en otros códigos del concurso. Por ejemplo, en el código 01-2025, la postulante Evelyn Azan Rodríguez de Suárez, quien también trabajaba como locadora en Recursos Humanos, fue favorecida a pesar de antecedentes de irregularidades en su designación anterior. Asimismo, el caso del código 03-2025, donde se adjudicó el puesto de Asistente Administrativo a Segundo Gilber Orbe Rojas, también ha sido objeto de críticas, ya que este postulante había estado laborando en la UGEL durante el proceso de selección.
Otro aspecto preocupante es la relación entre los postulantes y los miembros de la comisión evaluadora. Gian Pier Tochon Ruiz, jefe de Recursos Humanos y miembro de la comisión, había trabajado previamente con varios de los postulantes, lo que plantea dudas sobre la imparcialidad del proceso. A pesar de la normativa que exige la abstención en casos de conflicto de interés, Tochon no se apartó de las evaluaciones.
Las irregularidades no se limitan a la evaluación de los postulantes. Las entrevistas personales, que estaban programadas para el 18 de febrero de 2025, fueron reprogramadas sin la debida comunicación a todos los participantes, lo que contraviene los principios de transparencia. Los resultados finales se publicaron en horas de la madrugada del 20 de febrero, sin una fecha oficial establecida para su divulgación, lo que ha generado aún más suspicacias sobre la legitimidad del proceso.
La UGEL San Martín enfrenta un momento crítico en su reputación, y la comunidad educativa espera respuestas claras y acciones que aseguren la transparencia en sus procesos de selección, señalan los denunciantes.