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lunes, junio 24, 2024
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Derechos económicos recortados a los docentes contratados

La autoridad educativa regional y el mismo gobernador deben hacer un trabajo a fondo en las 10 ugeles.

¿Qué está pasando con los maestros contratados? ¿Por qué se les está omitiendo algunos derechos económicos que les corresponde por ley? ¿Adónde está yendo a parar este millonario dinero que se les están quitando en cuanto a los pagos de enero, febrero, el CTS, y otros bonos más?

No puede alegremente decir la autoridad regional de Educación, que, por un asunto de demanda escolar, estos pagos se ven borrados en el derecho de los docentes contratados, argumentando además que tienen que tener la codificación respectiva, o simplemente porque están en plazas eventuales pagadas por la ugel respectiva. En otras regiones no se dan estas omisiones.

¿Cuál es la diferencia entre una plaza orgánica y una eventual? Estas diferencias para una mejor identificación con la carrera magisterial deben terminar. Y una manera de terminar es sabiendo cuántas plazas eventuales tiene cada una de las 10 provincias y de acuerdo a este dato estadístico debe focalizarse su mayor grado de atención y que el docente asignado a una plaza eventual debe tener los mismos derechos que los que están en una plaza orgánica, pues los deberes y obligaciones de ambos son los mismos y esta forma de obligación pedagógica igualitaria no debe diferenciarse en absoluto con el derecho económico respectivo.

Peor si a esta diferencia de sistema, (porque esto es un problema de sistema), que viene desde las jerarquías mayores y que únicamente puede solucionarse cuando los gobernantes rompan estos esquemas diferenciados del subdesarrollo, que lógicamente de la autoridad respectiva, llámese en este caso MINEDU, no les nacerá en ningún momento de manera espontánea.

Lucinda Vásquez, como congresista, una de sus primeras acciones hubiera sido presentar un proyecto de Ley sobre este caso, como lo hizo su colega, María Martina Gallardo Becerra por los docentes de Tuman Lambayeque, para que tengan un derecho igualitario como docentes.

Si a esto se le agrega la actitud maliciosa de algunos funcionarios de algunas ugeles que usan cualquier argumento como justificación para dejar a los docentes contratados sin este haber económico que ya viene diseñado como presupuesto para un rubro, categoría o modalidad respectiva.

La autoridad educativa regional, el propio gobierno regional, recientemente juramentado al cargo, el señor Walter Grundel, deben hacer un trabajo a fondo en cada una de las 10 ugeles de la región, sobre todo en cuanto a los manejos económicos, ¿vienen cumpliendo por ejemplo de manera transparente el responsable o los responsables de esta área respectiva? ¿Adónde van a parar por ejemplo los famosos remanentes que se cuenta por decenas de miles en cada sector?

GOBIERNO REGIONAL Y DRE DEBEN VELAR POR LO TRANSPARENTE

Seguramente hubiera sorpresas equivocadas o desagradables. A ver, si la autoridad educativa regional y el señor Grundel, solamente en este punto, destapen algunas sorpresas no solo negativas en cada Ugel respectiva; pueden darse también algunas sorpresas positivas de algunos funcionarios, que su estrategia de trabajo lo vienen desarrollando de repente de manera silenciosa en bien de la educación, en bien de los educandos, que al final, ellos(los estudiantes) son la razón de ser de este trabajo mancomunado de la educación.

Ahora yendo más a fondo, la fiscalía, la Defensoría del Pueblo, deben a lo inmediato investigar por qué se suspendió los contratos de nombramiento de aquellos docentes que consiguieron el puntaje respectivo para la segunda etapa; los ascensos para los docentes nombrados, por qué se tenía que suspender.

Al parecer hay otras necesidades más a fondo de acuerdo a la coyuntura de inestabilidad política que el país viene viviendo, pretendiendo llevar el presupuesto de educación a otros sectores policiales y militares.

De ser cierto esta conjetura, no solo se estarían atentando el bienestar económico de los docentes, sino se estaría configurando ya en delito al disponer dinero ajeno para otros fines que no sea el bienestar de los docentes.

El mismo Congreso también viene alimentando no solo con sus actitudes dictatoriales de estos señores de querer quedarse hasta el 2026 en el poder legislativo, desoyendo el clamor y la protesta del pueblo, que lo que pide es que el poder ejecutivo y legislativo, se acaben este 2023, y que en la convocatoria para las elecciones en el mes de octubre se incluya la pregunta a los ciudadanos si quieren o no una nueva Constitución.

Porque en lo práctico, esta Constitución fujimorista del 93 es una de las causales más grandes de los problemas sociales, económicos y políticos del país, y que ya de una vez, esto debe terminar.

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