La Contraloría General de la República, mediante un informe de Auditoria de Cumplimiento, detectó un presunto perjuicio económico de 3 millones 464 mil 602.36 en el proceso de selección y ejecución de la obra de mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 178, ubicada en el distrito de Habana, en la provincia de Moyobamba, en el departamento de San Martín.
Observaciones detectadas:
En el proceso de selección, que se realizó en el 2014, se determinó que el comité especial de la Municipalidad Distrital de Habana admitió, calificó y otorgó la buena pro al Consorcio Habana, pese a no cumplir con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las bases integradas.
El comité especial suscribió el contrato de ejecución de la obra con el Consorcio Habana sin que haya presentado, como lo exige la Ley de Contrataciones del Estado, la carta fianza que garantiza el cumplimiento de la misma. Además se concertó la inclusión de una cláusula de otorgamiento de adelanto de materiales por el 10% del monto total del contrato, pese a no estar estipulado en las bases del proceso de selección, el mismo que se pagó antes del inicio de obra.
La entidad aceptó cartas fianzas presentadas por el contratista (cartas fianzas de fiel cumplimiento, de adelanto directo y de materiales) que no eran auténticas. Ello se corroboró con la entidad financiera, que negó la emisión de los referidos documentos.
Al respecto, se evidenció que los funcionarios de la Alcaldía, Gerencia Municipal y Jefatura de Abastecimiento de la entidad edil simularon procedimientos de verificación de autenticidad de las cartas fianzas, emitiendo para ello documentación carente de legalidad, con el fin de conceder el pago de 3 millones 251 mil 454.19.
Ante la resolución del contrato de ejecución de obra por incumplimiento del contratista, la entidad no pudo ejecutar la garantía de fiel cumplimiento ni recuperar el monto de 2 millones 724 mil 794.23 del adelanto directo y de materiales otorgados al contratista, debido a que las garantías no eran auténticas.
El expediente se encuentra en la Procuraduría Publica de la Contraloría General de la República, para que inicie las acciones legales respecto a los 8 funcionarios y servidores señalados en el informe, de igual forma se envió el informe con toda la documentación correspondiente al órgano instructor competente para que inicie el procedimiento sancionador respectivo.