Mientras las regiones del norte se ahogan bajo las lluvias y la delincuencia acorrala al país, la inacción en los curules evidencia una desconexión inaceptable entre la agenda legislativa y las verdaderas urgencias de la ciudadanía.

Ya transcurrieron más de 100 días desde la instalación de la primera legislatura de la Cámaras de Diputados para el periodo 2026-2027, pero las promesas de atender las grandes crisis del país siguen sin materializarse en el trabajo parlamentario. Son cuatro legisladores del partido de gobierno, Fuerza Popular, han presentado apenas dos proyectos de ley cada uno desde que asumieron funciones el pasado 27 de julio, sumando un modesto avance legislativo dentro de una bancada que ostenta una representación total de 41 diputados. Lo más grave de esta parálisis es que ninguna de las iniciativas planteadas aborda la creciente inseguridad ciudadana ni las acciones frente al fenómeno El Niño, priorizando temas ajenos a las emergencias nacionales. La indignación es aún mayor en el norte peruano, ya que dos de los legisladores cuestionados son Eduardo Castillo y Rafael Celiz, representantes de Piura y Tumbes, regiones actualmente devastadas por lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, deslizamientos e inundaciones provocadas por el denominado Mega Niño, un fenómeno cuya peligrosidad fue advertida semanas atrás por la propia lideresa del partido, Keiko Fujimori.

Esta escasa productividad legislativa choca frontalmente con la alta remuneración que perciben los integrantes de la Cámara Baja. De acuerdo con el portal de transparencia del Parlamento, el sueldo base de cada legislador es de S/ 15.600, sujeto a los descuentos de ley e Impuesto a la Quinta Categoría. A este monto se añade una asignación por función parlamentaria de S/ 12.500 y un apoyo para la semana de representación de S/ 4.000, lo que equivale a un ingreso mensual de al menos S/ 32.100 por cada uno de los 130 diputados, sin contar beneficios adicionales como bonos de escolaridad, lactancia, vestimenta, servicios funerarios, gratificaciones y CTS. Que parlamentarios que cobran remuneraciones privilegiadas del erario público muestren tal desinterés por las regiones que los eligieron en medio de un desastre natural resulta inadmisible.

El trabajo en el Congreso no puede reducirse al cobro puntual de jugosos sueldos mientras el pueblo sufre el impacto de los huaicos y el hampa:ocupar un curul exige empatía, compromiso y acción inmediata, porque legislar de espaldas a las tragedias del Perú no solo es ineficiencia, es una traición a la confianza de los ciudadanos.