La entidad regional sostiene que la evaluación de los postulantes se realiza bajo normas nacionales y advierte sobre la difusión de información no corroborada que pueda afectar derechos fundamentales.
La Dirección Regional de Salud (Diresa) San Martín emitió un comunicado oficial para aclarar aspectos técnicos y normativos relacionados con el proceso del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, luego de diversas publicaciones difundidas sobre la inscripción y adjudicación de plazas. La entidad precisó que el procedimiento se desarrolla conforme a la normativa nacional vigente y mediante mecanismos oficiales establecidos por el Ministerio de Salud (Minsa) y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).
Según el pronunciamiento, la verificación de la condición de discapacidad de los postulantes que accedieron a la bonificación correspondiente se efectuó con documentación debidamente respaldada. Entre los requisitos considerados figuran los certificados de discapacidad emitidos por médicos certificadores autorizados a nivel nacional, el registro oficial de personas con discapacidad administrado por Conadis y la validación realizada por las instancias competentes del sector Salud, entre ellas la Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad.
La entidad regional remarcó además que la Ley General de la Persona con Discapacidad reconoce derechos a las personas con discapacidad leve, moderada o severa, incluso cuando esta no sea visible físicamente. En ese sentido, advirtió que emitir opiniones basadas en apreciaciones subjetivas carece de sustento técnico y puede vulnerar la dignidad de las personas involucradas.
Asimismo, la Diresa San Martín recordó que la información relacionada con diagnósticos, certificados de discapacidad e historias clínicas es de carácter confidencial y está protegida por la Ley General de Salud. Por ello, indicó que la institución viene cumpliendo con las acciones administrativas correspondientes dentro del proceso del Serums 2026-I.
En el comunicado también se señala que los controles posteriores y las acciones de fiscalización sobre la autenticidad y legalidad de la documentación presentada corresponden al Ministerio de Salud, de acuerdo con la Ley N.° 23330. La entidad precisó que cada postulante asume la responsabilidad sobre la veracidad de los documentos entregados y advirtió que cualquier falsedad o adulteración podría generar la desvinculación inmediata del proceso.
Finalmente, la Diresa San Martín exhortó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad y evitar la difusión de información no corroborada que pueda afectar los derechos y la dignidad de las personas involucradas.
