La Asociación Civil Centro de Conciliación y Arbitraje Dr. Alencar, presidida por el Dr. Alexander Albán Alencar, ha obtenido oficialmente su registro en el REGAJU (Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas) del OECE, requisito indispensable para brindar servicios de arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD) en todo el territorio nacional.
Este registro habilita al Centro de Arbitraje y JPRD Dr. Alencar para administrar mecanismos de solución de controversias en el marco de la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, normativa que establece que, a partir del 1 de enero de 2026, las entidades públicas —municipalidades, gobiernos regionales y demás organismos del Estado— deberán consignar obligatoriamente en sus contratos de bienes, servicios y ejecución de obras una cláusula de solución de controversias que designe a una institución arbitral o centro de JPRD debidamente autorizado y registrado en el REGAJU.
En ese contexto, el Centro de Arbitraje y JPRD Dr. Alencar se convierte en el primer centro autorizado en la región San Martín para brindar estos servicios especializados, posicionándose además como una alternativa sólida y confiable a nivel nacional para la resolución de controversias entre contratistas y entidades públicas.
La institución cuenta con la dirección del Dr. Segundo Víctor León Ramírez, quien, en su calidad de presidente del Consejo Superior de Arbitraje, exhortó a las entidades públicas de la región San Martín a que, a partir de la fecha, consignen en sus contratos administrativos al Centro de Arbitraje y JPRD Dr. Alencar como institución encargada de la solución de sus disputas, en estricto cumplimiento de la normativa vigente.
Asimismo, es de resaltar que el Centro de Conciliación, Arbitraje y JPRD Dr. Alencar cumple con dos normas internacionales ISO, correspondientes a Gestión de la Calidad Total y Sistema de Gestión Antisoborno, estándares otorgados conforme a las directrices de la International Organization for Standardization (ISO), lo que garantiza procesos eficientes, transparencia institucional y una política de tolerancia cero frente a la corrupción, especialmente relevante en el ámbito de la contratación pública.
Con este registro, el Centro reafirma su compromiso con la seguridad jurídica, la especialización técnica y el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias en las contrataciones públicas del país.
