El vacío institucional, la permisividad del REINFO y las nuevas carreteras están abriendo paso a una amenaza que ya devastó Madre de Dios. ¿Estamos a tiempo de evitar el mismo destino?
En el Perú, la minería ilegal avanza como una marea oscura que arrastra bosques, contamina ríos y fractura territorios. En regiones como Madre de Dios, el daño es visible desde el espacio. En otras, como San Martín, se está incubando en silencio. «Todavía estamos a tiempo», advierte Martín Arana, especialista en gobernanza ambiental, pero ese margen se estrecha cada día.
En un reciente informe, Arana expone que “no existe un sistema oficial de monitoreo sobre la minería ilegal en el Perú”. A diferencia de los cultivos ilícitos, que cuentan con reportes periódicos y responsables institucionales claros, en el caso de la minería informal y criminal “la información proviene casi exclusivamente de la sociedad civil, iniciativas privadas o proyectos de investigación”.
El oro no viene solo
Uno de los vectores de expansión minera es la apertura de carreteras en zonas de alta vulnerabilidad ambiental. Tal es el caso del eje Tocache–Shunte–Pataz, que conecta La Libertad con la región San Martín. En apariencia, se trata de un proyecto de integración y desarrollo, pero los antecedentes preocupan.
“La carretera no es una mina, pero tampoco es desarrollo en automático. Es una infraestructura que, si no se gobierna bien, puede facilitar la entrada de economías ilícitas”, remarca Arana. Estudios previos, como los del propio grupo DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales), han documentado cómo la apertura de vías en la Amazonía frecuentemente precede la llegada de actividades ilegales como la tala, el narcotráfico y, ahora con más fuerza, la minería.
Y no se trata de una alarma abstracta. La provincia de Pataz, donde operan mafias mineras armadas, está geográficamente colindante con la cuenca del Parque Nacional Río Abiseo, uno de los patrimonios naturales más importantes del Perú y la humanidad. «El famoso ‘efecto globo’ ya ha ocurrido en otras regiones», advierte Arana. «Cuando se presiona en una zona, la actividad se traslada a los alrededores».
Dragas en el Huallaga: la alerta temprana
En San Martín, la Dirección Regional de Energía y Minas ha detectado ya presencia de dragas ilegales en la cuenca del Huallaga, lo que constituye una señal de alerta temprana. La minería aluvial en ríos amazónicos no solo destruye el entorno, sino que implica casi siempre el uso indiscriminado de mercurio, una sustancia altamente tóxica que envenena los cuerpos de agua y entra en la cadena alimentaria.
Según datos del Ministerio del Ambiente, una sola draga puede verter al río entre 1 y 3 kilos de mercurio al mes. Aunque el Perú ratificó el Convenio de Minamata para controlar esta sustancia, la realidad es que “tras la regulación de 2014, las importaciones legales de mercurio cayeron a cero, pero la minería ilegal no”, explica Arana. “Eso solo significa una cosa: contrabando. Un mercado negro que cruza nuestras fronteras sin control”.
REINFO y concesiones: la puerta abierta
A este escenario se suma el uso distorsionado del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), una herramienta que fue pensada como una vía transitoria hacia la legalidad, pero que hoy funciona como un escudo para mineros ilegales. “Hay personas con inscripciones en REINFO desde hace más de una década, sin fiscalización efectiva. No están avanzando en la formalización, pero tampoco se les sanciona”, explica Arana.
La situación se agrava porque el INGEMMET (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico) continúa otorgando concesiones mineras sin considerar los riesgos sociales y ambientales, ni la situación legal de quienes las solicitan. En la región San Martín hay concesiones superpuestas a áreas sensibles, incluso cercanas a zonas protegidas.
¿Y las autoridades?
A pesar de que el impacto de la minería ilegal es evidente en regiones como Madre de Dios, donde se han documentado casos de trata de personas, pérdida total de cobertura boscosa y contaminación de comunidades enteras, muchos líderes regionales y locales todavía lo minimizan. “En lugares como Ucayali, Loreto, Amazonas y San Martín, aún no hay conciencia plena del desastre que se avecina. Y eso es peligrosísimo”, alerta Arana.
En una experiencia de campo relatada en 2022, se presentaron imágenes del daño en Madre de Dios a comunidades awajún en Condorcanqui. “Cuando vieron las fotos, dijeron: ‘No hay forma de que permitamos algo así aquí’. Pero antes no lo sabían. Por eso es clave visibilizar, educar y actuar”, enfatiza.
¿Apostamos por la gobernanza o barbarie?
El desafío no es técnico. Es político y ético. La minería ilegal no se va a detener con discursos ni con más papeles. Hace falta voluntad, coordinación interinstitucional, un nuevo modelo de gobernanza territorial que garantice que las carreteras no sirvan a mafias, que los ríos no se llenen de mercurio, que las comunidades sean parte del desarrollo y no víctimas del despojo. En San Martín aún hay tiempo, pero el reloj corre.