“Quien piensa que en nuestro medio todos son iguales ante la ley, o vive una ficción, es iluso o esta desinformado”.
“La ley no es igual para todos y se nota en una democracia venida a menos y desprestigiada como la actual” Luis Lama Puccio
“La pregunta central que se plantean muchos ciudadanos respecto a lo que en los últimos años acontece en nuestro medio con el sistema de justicia, a partir de los procesos judiciales que ventilan casos de gran corrupción vinculada con el ejercicio de la política y determinadas actividades empresariales relevantes, es quien o quienes se encuentran detrás de estos casos de particular importancia para la vida nacional, que por razones obvias requieren de un tratamiento especial o mejor dicho diferenciado o particular en la administración de justicia, en comparación con otros procesos penales que existen el país (…)”Lama Puccio
El jurista realiza niveles de diferenciación que denomina “Estatus privilegiado, en el presente caso estamos hablando de una clase de delincuentes diferentes y privilegiados que, aunque violentan abiertamente la ley penal, en la práctica cotidiana su control no se enmarca dentro de los parámetros comunes o tradicionales que caracterizan la represión de la criminalidad común.
Hablamos de sujetos que, aunque violaron las leyes con dolo y alevosía, resultaron instruidos y formados en las mejores universidades, habiéndose graduado como profesionales y obtenido todo tipo de títulos, premios, medallas, diplomas e incluso condecoraciones” señala.
Sobre el punto el jurista señala: “Un estatuto especial y privilegiado en comparación con el común denominador de la gran mayoría de profesionales del medio, que difícilmente logran acceder a cargos de importancia en el manejo empresarial y económico. Vínculos familiares, profesionales, académicos y de clase, que suscita un componente sólido de relaciones sociales que en muchos casos condiciona el futuro” refiere.
Lama Puccio quien es el autor de diversas obras en materia de Lavado de Activos y Operaciones Sospechosas, advierte que existe un “Tratamiento diferenciado. Quien piensa que en nuestro medio todos son iguales ante la ley, o vive una ficción, es iluso o esta desinformado. La ley no es igual para todos y sus relaciones con el poder se ponen en evidencia cuando se trata de confrontar situaciones difíciles que tienen que ver con el cumplimiento de la ley. La norma y el sistema en donde se aplica –aunque puede parecer una paradoja – de ninguna manera, es igual para todos” detalla.
Al abordar sobre la “Gran Corrupción” es puntual en señalar “Es imposible e inverosímil pensar que una dimensión de gran corrupción como la que ha vivido nuestro país en los últimos años, que acaparó a casi todos los partidos políticos y los poderes del estado más importantes, por parte de un poder mafioso eficientemente organizado y del máximo nivel imaginado, que gobernó a la nación y la sociedad en casi su totalidad, sobre todo, en la política, el poder económico y la dirección de la política nacional, después que fue develada en los términos como ahora la conocemos, haya quedado a la deriva y sin tutelaje para enfrentar una reacción normal del estado.
Una corrupción enmarcada dentro del control de la política, la economía, los partidos políticos y las clases gobernantes” afirma con rigor.
La democracia para enriquecerse y sus amenazas a la sociedad el ex docente universitario advierte: “Hablamos de un fenómeno estructural que remeció hasta sus cimientos no solo a la sociedad peruana en su conjunto, sino algo más fuerte, trascendente y poderoso: puso en tela de juicio a la misma democracia como el sistema de gobierno y justicia.
Una democracia venida a menos, desprestigiada y golpeada hasta sus mismos cimientos en términos de credibilidad, igualdad, transparencia y representatividad. La democracia utilizada para enriquecerse y poner en tela de juicio los derechos ciudadanos en términos de representatividad, igualdad y decoro nacional”, escribe.
El jurista advierte del maquillaje en el derecho y los tentáculos del “Poder económico” “No estamos hablando de sumas de dinero que pueden pasar fácilmente desapercibidas para cualquier nación término medio, aun cuando pudieran provenir de la corrupción y otras fechorías.
Se trata de un poder económico casi omnímodo que, bajo diferentes facetas, manejó la economía, marcando el rumbo de los acontecimientos, aunque maquillada en el derecho y respeto por la ley.
Montos de capital y activos materialmente imposibles de cuantificar no solo en el ámbito de las ganancias, sino respecto a los graves daños económicos que produjo que hasta la fecha no se pueden calcular. Una economía inmersa dentro de la corrupción y los activos sucios como uno de los motores respecto al manejo de la institucionalidad en el país”.
El abogado penalista hace un análisis del Poder furtivo, operadores, la conocida direccionalidad en la administración de la justicia en el país.
Si tomamos como ciertos y asumimos que lo señalado puede tener algo de valedero, no puede ser creíble que un fenómeno criminal y político de esta naturaleza y de tales dimensiones, que involucró –y posiblemente lo sigue haciendo– a toda la clase política y representativa del país, haya quedado a la deriva y no disponga un plan de contingencia y manejo total que aborde un problema de particulares proyecciones nacionales en los planos judiciales, mediáticos, informativos, políticos y gubernamentales.
No solo hablamos de cientos de involucrados entre políticos, empresarios y otros sujetos que provienen de diferentes fuentes, sino de un patrimonio de activos envidiable que requiere seguir operando bajo otros matices como parte del mismo fenómeno.
Operadores
Cuando hablo de operadores políticos, me refiero a personas o profesionales entendidos en la materia con diferentes roles, cuya función no solo es defender a los involucrados sino de orientar a la opinión pública respecto a lo que conviene informar, y a la misma vez desinformar.
Personas que cumplan roles específicos bajo diferentes procedimientos, en algunos casos, señalando e interviniendo de diferentes formas para fines de consolidar determinadas ideas como ciertas, válidas o inciertas, y en otros casos para ejercer presión ante las mismas autoridades.
Direccionalidad
Como toda acción y con mayor razón cuando se trata de un amplio contexto de decisiones que requieren ser asumidas en el ámbito de neutralizar el control, resulta vital e imprescindible que exista un esquema que no es de conocimiento público.
Hablamos de un componente cuya función es orientar las decisiones más convenientes y que requieren ser ejecutadas en un determinado momento.
Una dimensión directriz que no solo tiene el respaldo incondicional de los mismos involucrados o responsables, sino que articula, afina y modula todas las acciones como parte de una misma estrategia, tanto para adentro del mismo esquema, como para afuera, en el sentido de un doble frente.
Una labor de contra inteligencia en contra de la misma inteligencia, que utiliza todos los mecanismos que permite la ley como parte del estado de derecho con el apoyo de los operadores.
Un comité al más alto nivel que no solo trata cada uno de los temas en forma individual o colectiva, sino que interactúa para neutralizar acciones contrarias que surgirán en el sinuoso y torcido camino de la impunidad.
Hablamos de ganarle tiempo al mismo tiempo para que los procesos judiciales duren años, y a la misma vez, neutralizar a aquellos que pueden obstaculizar, interrumpir o distorsionar el cumplimiento de los fines trazados. Fuente: Diario Expreso.
NOTA DE REDACCION: sobre los puntos abordados por el Lamas Puccio, planteamos la invitación a los abogados de San Martín y Alto Amazonas para dar a conocer sus opiniones y/o puntos de vista, las páginas de VOCES están abiertas.
